El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha marcado un nuevo rumbo en la política digital de España al anunciar medidas dirigidas a combatir lo que considera prácticas inaceptables de las grandes plataformas tecnológicas. En un contexto de creciente preocupación por los riesgos que enfrentan los menores en internet, Sánchez adelantó que el Consejo de Ministros invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para solicitar a la Fiscalía que investigue a grandes compañías como X, Meta y TikTok por la posible creación y difusión de pornografía infantil mediante sistemas de inteligencia artificial.
Control de contenidos y protección de la infancia
El Gobierno sostiene que la inteligencia artificial de algunas plataformas ha sido utilizada, supuestamente, para generar material de violencia sexual contra menores de edad a solicitud de usuarios, algo que podría constituir un delito de pornografía infantil y vulnerar derechos fundamentales como la dignidad, la intimidad y la integridad moral de niñas y niños.
Este impulso a las investigaciones responde a la creciente preocupación de las autoridades por los contenidos generados con IA que circulan en redes sociales y aplicaciones: imágenes sexualizadas de menores o deepfakes con implicaciones ilegales se han convertido en ejemplos de prácticas que, según el Gobierno, no pueden quedar impunes ni sin respuesta judicial.
Una batería de medidas más allá de la Fiscalía
La iniciativa de pedir a la Fiscalía que analice posibles delitos por parte de estas plataformas forma parte de un paquete más amplio de medidas anunciadas por Sánchez para reforzar la protección de menores y ciudadanos en entornos digitales. Entre ellas, el Gobierno propone:
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Prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, exigiendo a las plataformas sistemas efectivos de verificación de edad.
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Tipificar como delitos penales la difusión de contenidos ilegales y la manipulación de algoritmos que amplifiquen ese tipo de material.
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Introducir responsabilidad penal para los directivos de estas empresas si no eliminan o impiden la difusión de contenidos ilícitos.
Estas propuestas forman parte del proyecto de Ley Orgánica de Protección de las Personas Menores en Entornos Digitales que está en tramitación parlamentaria y que busca reforzar el marco legal sobre contenidos en internet y la responsabilidad de quienes los gestionan.
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