El Gobierno de España podría aprobar pronto la reforma de la Ley de Seguridad Nacional, que esperan que sirva para responder a emergencias del futuro, basándose en las enseñanzas aprendidas con la pandemia del Covid-19. Entre las medidas destacan la posibilidad de movilizar a cualquier ciudadano mayor de edad, el acceso temporal a bienes públicos y privados y la obligación de los medios de comunicación de colaborar con las autoridades.
La llegada de la pandemia del coronavirus dejó al descubierto la incapacidad global para poder articular una respuesta temprana a la emergencia que se derivó. España padeció la escasez en los insumos médicos, así como en las mascarillas para los ciudadanos.
La maquinaria del Estado echó a andar, en lo que las autoridades calificaron de “tiempos de guerra”. El 14 de marzo de 2020, cuando Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, decretó el Estado de Alarma ante la irrupción del coronavirus, así se pronunció en su popular discurso, visto por 17 millones de españoles: “Movilizaremos todos los recursos del estado, económicos, sanitarios, civiles y militares para la protección de todos los ciudadanos”.
Con el anteproyecto de una reforma de la Ley de Seguridad Nacional, desvelado por el diario ‘El País’, el Gobierno también espera poder movilizar, incluso, a sus ciudadanos y empresas. El Consejo de Ministros habría hecho una primera lectura del proyecto el pasado 22 de junio y próximamente podría ser aprobado y enviado al Congreso.
El texto se basa en el artículo 30 de la Constitución, concretamente el apartado número 4, que establece que “mediante ley, podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública”. Sin embargo, queda por ver cómo se soluciona legalmente que sea una ley ordinaria y no orgánica. Estas últimas son las únicas que pueden afectar los derechos fundamentales.
Todo adulto español podría ser movilizado en caso de crisis
El nuevo texto contempla que se pueda movilizar a toda persona mayor de edad para que pueda llevar a cabo sus “prestaciones personales”, cuando se dé una “situación de interés para la seguridad nacional”.
Además, de salir adelante se establecería que mientras dure la emergencia el Estado pueda tener acceso temporal a bienes así como suspender todo tipo de actividades. Los afectados podrían recibir una indemnización, excepto cuando un ciudadano sea movilizado para ofrecer una prestación personal.
La nueva ley también afectaría a los medios de comunicación, los cuáles estarían obligados a difundir informaciones preventivas u operativas, que sean consideradas desde las autoridades.
También trata de proteger el músculo industrial nacional. Una de los principales objetivos es que no se vuelvan a repetir momentos de desabastecimiento de productos, como sucedió en marzo de 2020, cuando la pandemia se desató con virulencia en España.
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