El Gobierno propone una reforma integral de las oposiciones a juez y fiscal

El Gobierno impulsa una reforma judicial que busca cambiar el acceso a las carreras judicial y fiscal, pero que ya ha generado críticas entre los partidos de la oposición. El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto que, además de incluir medidas como la ampliación de las becas para opositores y la introducción de un examen escrito para el acceso, prohíbe la financiación privada de asociaciones judiciales.

Desde Vox han calificado esta reforma como “otro intento” del Gobierno para “asaltar el poder judicial” y “evitar sentarse en el banquillo de los acusados”. Fuentes del partido liderado por Santiago Abascal aseguran que esta medida forma parte de una estrategia del Ejecutivo para “someter a los jueces y garantizar su sumisión al poder”. En este sentido, acusan al presidente, Pedro Sánchez, y a su gabinete de ser un “Ejecutivo corrupto acorralado por la Justicia” que busca impedir investigaciones sobre casos de presunta corrupción vinculados al PSOE.

El anteproyecto incluye también cambios en la regulación del llamado cuarto turno, que permite el acceso a la judicatura mediante un concurso de méritos. Según el Gobierno, este modelo garantiza mayor pluralidad y permite incorporar a profesionales con experiencia en el ámbito del Derecho, pero desde la oposición consideran que “sustituye el mérito y la capacidad por el carné de afiliado del PSOE”.

En relación con la financiación de las asociaciones judiciales, el texto prohibe las aportaciones privadas para “garantizar la imparcialidad” de estas organizaciones. Esta decisión también ha sido criticada por la formación de Abascal, que la interpreta como “un intento más de controlar todos los órganos del Estado y de silenciar cualquier disidencia dentro del ámbito judicial”.

En paralelo, el Ejecutivo ha blindado las becas “Seré”, que permitirán a opositores con menos recursos acceder a la carrera judicial con una ayuda equiparada al Salario Mínimo Interprofesional. También se transformará el Centro de Estudios Jurídicos en un organismo público de preparación con sedes en varias provincias.