La UCO registra Ferraz por el caso

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido a primera hora de este miércoles a la sede federal del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, para requerir diversa documentación relacionada con la investigación a la exmilitante del PSOE Leire Díez, según han confirmado fuentes cercanas a las pesquisas. En el transcurso del mismo operativo, ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, los miembros del instituto armado están realizando varios registros, entre ellos en los domicilios en Madrid de los exdirigentes socialistas Gaspar Zarrías y Santos Cerdán, así como del empresario Javier Pérez Dolset, a los que ha imputado en el caso. También ha sido imputada la gerente del partido, Ana María Fuentes.

La UCO ha reclamado documentación en Ferraz dentro de la investigación sobre Leire Díez y una supuesta trama de corrupción vinculada al PSOE. La causa versa sobre los delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. Está previsto también que los agentes tomen declaración a varias personas en el transcurso de las diligencias judiciales.

Fuentes jurídicas y de la investigación confirman que las pesquisas se centran en los pagos sospechosos del PSOE a Díez y otras personas para que estos realizaran supuestas campañas de desinformación contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad, entre otros objetivos. Estas mismas fuentes, que niegan que se haya detectado hasta ahora indicios de financiación ilegal del partido socialista, añaden que estas entregas de dinero se camuflaban presuntamente mediante facturas falsas. Díez asegura que no le han comunicado oficialmente que haya sido imputada por estos hechos.

La investigación analiza supuestos pagos encubiertos mediante facturas falsas para financiar campañas contra jueces, fiscales y agentes policiales. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha querido trasladar este miércoles un mensaje de “tranquilidad” y colaboración durante una entrevista en Catalunya Radio. “El Partido Socialista es distinto al PP y lo hemos demostrado en muchas ocasiones. Aquí no existe destrucción de pruebas. Y, por tanto, toda la información que sea requerida será trasladada”, ha afirmado.

Minutos después de conocerse la operación en marcha, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a reclamar elecciones anticipadas. “Estamos en una situación agónica, estamos poniendo en cuestión la decencia, no solo del Gobierno y del Partido Socialista, sino que estamos empezando ya a tener riesgo de contagio”, ha declarado Feijóo en los pasillos del Congreso antes de la sesión de control al Ejecutivo.

Ya dentro del hemiciclo, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido una política de “tolerancia cero ante cualquier tipo de actitud o comportamiento irregular o ilegal” y ha pedido “respeto a los procesos judiciales y a la presunción de inocencia”.

Dentro de la causa también se investiga una supuesta trama de corrupción por la que fueron detenidos en diciembre la propia Leire Díez; Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI; y el empresario vasco Antxon Alonso, propietario de la mercantil Servinabar y amigo de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Según la investigación, los tres —que usaban para comunicarse un grupo de WhatsApp llamado Hiruro, “nosotros tres”, en euskera— formaron presuntamente una estructura entre 2021 y 2023 para el cobro de comisiones ilegales y, para ello, contaron con la ayuda de “diversos cargos públicos”.

Las diligencias judiciales investigan cinco operaciones vinculadas a ayudas y adjudicaciones públicas por valor de 132,9 millones de euros. Todos ellos fueron acusados de los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Entre las empresas salpicadas se encuentran Mercasa, Enusa, Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), Sepides, Servinabar, Forestalia y Tubos Reunidos, para la que la SEPI aprobó en 2021 un rescate de 112,8 millones de euros con el respaldo del Consejo de Ministros.

Las mordidas, que según las primeras estimaciones superaron los 750.000 euros, se canalizaron presuntamente a través de una empresa llamada Mediaciones Martínez S.L. La Audiencia Nacional mantiene abiertas varias líneas de investigación sobre adjudicaciones públicas, rescates empresariales y supuestas comisiones ilegales.