El juez Peinado imputa a Begoña Gómez y a su asesora por presunta malversación

En un nuevo giro en la instrucción judicial del denominado “caso Begoña Gómez”, el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, ha decidido imputar formalmente a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y a su asesora Cristina Álvarez por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

Según el auto firmado este lunes, la base de la imputación gira en torno a que Cristina Álvarez —que ejercía como asesora en Moncloa— realizó gestiones en favor de la cátedra universitaria dirigida por Gómez en la Universidad Complutense, lo que podría implicar un uso indebido de recursos públicos con fines privados.

La decisión del juez Peinado cuenta con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid, que ya avaló la continuación de esta línea de investigación. El tribunal consideró que existen indicios suficientes para mantener la causa abierta en torno a posibles desvíos de fondos o funciones públicas hacia intereses privados.

Ambas investigadas han sido citadas nuevamente para declarar en el mes de septiembre: Gómez está citada para el 10 de septiembre, mientras que Cristina Álvarez deberá comparecer el 11 de septiembre.

Contesto y antecedentes

La causa comenzó en abril de 2024 por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias, corrupción en los negocios y, posteriormente, se sumaron otros como apropiación indebida e intrusismo profesional, vinculados a la gestión de la cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense.

En el verano de 2025, el juez intentó elevar al Tribunal Supremo una exposición razonada para imputar también al ministro Félix Bolaños por los mismos hechos, considerando que su estatus de aforado implicaba la competencia del alto tribunal. No obstante, el Supremo archivó esta petición por considerar que no existían “indicios mínimamente fundados” que justificaran su imputación.

Además, el juez dispuso la prórroga de seis meses para esta investigación, al estimar que aún quedan diligencias pendientes, incluyendo vínculos con el rescate público a Air Europa durante la pandemia.