Fraude fiscal de 88 millones a Romillo

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha atribuido un presunto fraude fiscal de 88 millones de euros al empresario Álvaro Romillo, conocido como ‘CryptoSpain’, quien habría entregado 100.000 euros al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez. Esta acusación se suma a otros delitos por los que ya se encuentra procesado como presunto cabecilla del entramado que ideó la supuesta estafa piramidal a través de la plataforma de criptomonedas Madeira Invest Club (MIC).

Según un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez instructor considera que existen “indicios racionales y suficientes” de una conducta defraudatoria por parte del empresario. En concreto, la investigación apunta a irregularidades cometidas durante los ejercicios fiscales de 2023 y 2024.

El magistrado detalla que dichas actuaciones habrían afectado tanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como al Impuesto sobre el Patrimonio, mediante la omisión de ingresos reales que reflejan su verdadera capacidad económica. En este sentido, se estima que las cuotas presuntamente defraudadas en el IRPF ascienden a 30.720.005,18 euros en 2023 y 49.117.091,37 euros en 2024.

Por su parte, en lo relativo al Impuesto sobre el Patrimonio, las cantidades defraudadas se sitúan en 2.247.336,80 euros en 2023 y 6.068.774,76 euros en 2024. En total, la cifra global del fraude fiscal atribuido alcanzaría los 88 millones de euros.

A juicio del juez Calama, “concurren los elementos subjetivos del delito”, al considerar que la conducta descrita evidencia dolo defraudatorio. Según el auto, esta actuación habría consistido en la voluntad consciente de ocultar ingresos y eludir el pago de obligaciones tributarias, descartando que los hechos puedan explicarse por errores contables, discrepancias interpretativas o simples negligencias sin relevancia penal.

En paralelo, el juez ha decidido mantener las medidas cautelares impuestas a los procesados, entre ellos Romillo y otras nueve personas, al no apreciar circunstancias que justifiquen su modificación. En el caso del empresario, se mantiene la prisión provisional decretada el pasado mes de noviembre.

El magistrado fundamenta esta decisión en la necesidad de evitar el riesgo de fuga y de reiteración delictiva, subrayando además que el escaso tiempo transcurrido desde su adopción no justifica un cambio de situación personal.

Asimismo, Calama señala que un informe de la Agencia Tributaria constituye la única diligencia de investigación que ha modificado los hechos recogidos en el auto de procesamiento dictado en diciembre. En dicha resolución ya se apreciaban presuntos delitos de estafa masiva y organización criminal, a los que ahora se añade el delito contra la Hacienda Pública.

En ese auto, el juez calificó a Romillo como el presunto líder del entramado que habría llevado a cabo una estafa piramidal mediante inversiones en criptomonedas. En consecuencia, acordó el procesamiento de diez personas y les impuso una fianza solidaria superior a los 247 millones de euros.

Según la investigación judicial, los acusados habrían estafado más de 185 millones de euros entre enero de 2023 y septiembre de 2024 a un total de 3.062 inversores, varios de ellos representados por el despacho Aránguez Abogados.