Choque institucional PP exige los PGE 2026

El Partido Popular hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para aprobar este miércoles un conflicto de atribuciones con el Gobierno, que podría acabar en última instancia en el Tribunal Constitucional (TC), para obligar al Ministerio de Hacienda a presentar ya el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 ante las Cortes. Así consta en el orden del día del Pleno del Senado de este miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se ha incluido la propuesta del PP para que la Cámara Alta eleve un nuevo conflicto de atribuciones ante el TC a cuenta de los Presupuestos del año que viene.

Se trata del séptimo conflicto institucional impulsado por el PP en el Senado y, hay que tener en cuenta, que antes de esta legislatura nunca se había producido choques así. La mayoría que tiene el PP en el Senado provocará que salga adelante este nuevo choque, la Cámara lo adoptará como suyo y se remitirá al Gobierno.

El Ejecutivo tiene un mes para contestar desde que recibe el planteamiento del conflicto de atribuciones, aunque también tiene la posibilidad de no contestar y darlo por sustanciado. En ese caso, o si la respuesta es negativa, el Senado decidirá si eleva el asunto al Tribunal Constitucional o no sigue adelante con ello.

En el texto del conflicto de atribuciones, el PP cree que el Senado “no debe admitir ni tolerar el incumplimiento” de la obligación que la Constitución impone al Gobierno, “que tiene un deber constitucional de presupuestar”. Del mismo modo, los ‘populares’ advierten de que no pueden “admitir” la “práctica fraudulenta” de modificación presupuestaria “al margen del Parlamento” como consecuencia de la falta de Presupuestos, porque consideran que es “contraria al principio de legalidad presupuestaria”. La situación actual, que se va a reproducir en 2026, de mantener prorrogados unos Presupuestos de 2023, es solo comparable a la situación que se produjo en 2020, cuando el Gobierno, por la crisis provocada por la pandemia de COVID‑19, decidió no presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de aquel año.

En este sentido, creen que actualmente “no existe justificación posible” para no presentar los Presupuestos, “salvo la de no haber podido llegar a un acuerdo con las fuerzas parlamentarias con el peso suficiente para asegurarse la aprobación de los mismos”. “Y es claro que los motivos políticos no pueden ser esgrimidos para justificar la omisión del cumplimiento por parte del Gobierno de obligaciones constitucionales, impidiendo que las Cortes Generales y, en concreto, el Senado, puedan ejercer su función presupuestaria”, sentencia el texto.