El PP hará valer su mayoría absoluta en el Senado para obligar a comparecer al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la Cámara Alta para que informe sobre “las medidas que va a adoptar” tras la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la comisión de un presunto delito de revelación de secretos.
Sobre esta cuestión, el PP también interpelará al ministro Bolaños en la próxima sesión de control al Gobierno en el Senado que se celebrará la semana que viene.
“Un fiscal general con semejante losa encima no puede estar ni un minuto más al frente de este órgano judicial cuyos pilares han de ser los principios de legalidad y neutralidad“, ha denunciado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.
La dirección nacional del PP ha difundido este miércoles un documento que recopila una veintena de actuaciones del fiscal general del Estado que, en su opinión, hacen que su situación al frente del Ministerio Público sea “insostenible”. “Debe dimitir esta misma mañana. Sobran los motivos”, resalta el PP.
Bolaños muestra su “total respaldo” a García Ortiz tras su imputación y cree que “quedará en nada”.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha trasladado el “total respaldo” del Gobierno al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras ser imputado por el Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos y confía en que el asunto quede “en nada”.
Bolaños asegura que respeta la decisión del Supremo pero ha mostrado su total apoyo al fiscal “en este caso y en su actuación al frente de la Fiscalía persiguiendo el delito” y ha defendido que lo único que hizo fue difundir una nota en la que se “desmiente una información falsa” que había propagado, según indica, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
De este modo, Bolaños justifica la actuación de la Fiscalía porque lo que hizo fue “perseguir el delito y proteger la verdad”, al contrario de el novio de Ayuso, Alberto González Amador, al que Bolaños se ha referido como “delincuente confeso” y que según Bolaños se dedicó a “perseguir la verdad y proteger el delito”.
CONTAR LA VERDAD NO PUEDE SER DELITO
“¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad, desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso por su pareja y por su entorno político?”, se ha quejado el ministro, que ha comparecido ante los medios en el Congreso tras la decisión del Supremo de imputar al fiscal general.
“Lo tenemos claro, entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad”, ha añadido a continuación. Bolaños ha expresado su “total respeto” al auto del TS y se ha mostrado seguro de que el asunto “quedará en nada” porque, según afirma, confía en la Justicia.
SALIÓ “A CONTAR LA VERDAD”
Bolaños dice que a partir de este momento se inicia una investigación –“veremos en qué queda”, apostilla–, aunque confía en que “nadie por decir la verdad y por desmentir un bulo pueda tener problemas”, según apunta. “Confío en la Justicia y en el Tribunal Supremo para que la verdad y la justicia prevalezcan”, ha añadido.
Además, al ser preguntado por la situación en la que queda la institución y el propio fiscal, que ya ha anunciado que seguirá en el cargo a pesar de la imputación, el ministro sostiene que no se puede olvidar “el origen de la causa”.
En este sentido insiste en que la Fiscalía salió “a contar la verdad” para “desmentir una información inexacta” para que así los ciudadanos sepan que era González Amador quien intentaba llegar a un acuerdo con la Fiscalía “para evitar ingresar en prisión” y no al revés.
“Estas son las circunstancias objetivas, fácticas de lo que está ocurriendo y por tanto, insisto, el Gobierno respalda al fiscal general en esta actuación y en su labor al frente de la Fiscalía”, ha reiterado.
FILTRACIÓN DE EMAIL
El Supremo en su auto señala que horas antes de la publicación de la mencionada nota de prensa, fueron revelados los correos entre el fiscal del caso y el letrado del particular y que estos estaban en poder del fiscal general y de la fiscal jefa provincial.
La Sala explica que las informaciones contenidas en esa nota ya habían sido sacadas a la luz por distintos medios los días 12 y 13 de marzo. En concreto, habían informado de la existencia de un correo electrónico del abogado de González Amador, de fecha 2 de marzo, dirigido a la Fiscalía de Madrid, en el que manifestaba que, de común acuerdo con su cliente, asumía la comisión de dos delitos fiscales “reconociendo íntegramente los hechos” y se comprometía a pagar a Hacienda.
No obstante, incide en que “queda acreditado” que el contenido del correo electrónico –con “citas textuales”– “se divulgó previamente”, cuando se trataba de un ’email’ “al que solo tenían acceso el afectado y la Fiscalía”.
Respecto a estas presuntas filtraciones a medios de comunicación y sobre la posibilidad de que supongan un motivo para que la causa contra García Ortiz avance, fuentes del Gobierno confían en que el asunto quedará en nada porque los periodistas no van a revelar sus fuentes y por tanto no se podrá conocer quién les facilitó esa información.
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