El PP solicita inhabilitar a Sánchez “entre 5 y 10 años” por no abstenerse en el rescate de Air Europa

El Partido Popular ha solicitado en su escrito de denuncia –que registrará este miércoles ante la Oficina de Conflicto de Intereses– que se inhabilite al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “entre 5 y 10 años” por “no abstenerse” en el rescate de Air Europa, una compañía que, según apunta el PP, “tenía vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez”.

El PP ha anunciado esta tarde que registrará este jueves su denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses, aunque dado que solo se puede hacer el registro con cita previa y ante la imposibilidad de que se la dieran mañana, el partido presentará su escrito por vía telemática, han señalado a Europa Press fuentes de la formación.

En el escrito, al que ha tenido acceso esta agencia, se enumeran los hechos que, a juicio de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, han derivado en esta denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Fundación Pública que dirige José Luis Escrivá, dando así un paso más en su ofensiva contra el Gobierno por la presunta trama en la compra de mascarillas que afecta al PSOE, bautizada como ‘caso Koldo’.

Así, el PP denuncia que “los intereses personales, de naturaleza económica y profesional, de la esposa del presidente del Gobierno se veían beneficiados también, con los citados acuerdos del Consejo de Ministros, por la especial relación que en tales momentos mantenía la misma con el Grupo Globalia”, argumentando así que Sánchez incumplió la ley al “no inhibirse”.

La denuncia continúa citando, entre otros puntos, el nombramiento de Begoña Gómez como directora del IE Africa Center en agosto de 2018 hasta junio de 2022. “Se ignora cuál ha sido la naturaleza jurídica de la relación existente entre Begoña Gómez y el IE: si era una relación laboral por cuenta ajena, una relación mercantil actuando Begoña Gómez como trabajadora autónoma, o una relación de servicios entre el Instituto de Empresa y una sociedad mercantil de la que Begoña Gómez fuese socia de control y/o administradora”, recoge el escrito.

Así, en la exposición de consideraciones jurídicas el Partido Popular recuerda que los altos cargos que tengan la condición de autoridad “se abstendrán de intervenir en el procedimiento administrativo correspondiente cuando, por afectar a sus intereses personales (…) concurran las causas previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.

Por todo ello, los ‘populares’ consideran que Sánchez “ha incumplido el deber de abstención” en Consejos de Ministros “respecto de las medidas de apoyo económico concedidas al grupo Globalia en los citados acuerdos”.

RESPONSABILIDAD PENAL

En esta línea, la denuncia –firmada por la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons–, sostiene que, de acreditarse los hechos relatados, se estaría enfrentando a una infracción grave a la que corresponde la sanción de “imposibilidad de ocupar un alto cargo durante un período de entre 5 y 10 años”.

Por otro lado, han pedido dar traslado a la Fiscalía, en caso de que existieran indicios de que pudiera haberse incurrido en responsabilidad penal, de la documentación que obre en su poder “dada la vinculación de alguna de las empresas reseñadas en los hechos” del escrito.

Asimismo, han pedido abrir actuaciones previas para investigar los comportamientos denunciados e iniciar el procedimiento que resulte procedente, así como dar traslado al Ministerio competente –en caso de que se confirmara que Sánchez ha incumplido su obligación de abstención– para la “incoación del oportuno expediente”.

El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya había avanzado este martes que su partido quiere conocer qué hay detrás de los contactos de la mujer de Sánchez con Globalia porque “huele mal”. De hecho, alertó en Onda Cero que podrían estar ante un presunto conflicto de intereses.