El PSOE se querella contra el Govern balear por dejar caducar la reclamación de 2,6 millones en el ‘caso Koldo’

El panorama político en las Islas Baleares se complica con nuevas revelaciones en torno al denominado ‘caso Koldo’, que ha desatado una vorágine de acusaciones y denuncias. En el último episodio de esta saga, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Palma contra Javier Ureña, director general del IB-Salut, Íñigo Rotaeche, socio mayoritario de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, y la propia empresa. Los cargos que se les imputan son prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

El detonante de esta acción legal es la gestión del expediente relacionado con un sobrecoste en la compra de mascarillas, que según documentos gubernamentales, fue dejado caducar durante el mandato de Marga Prohens, del Partido Popular (PP). Esta negligencia habría resultado en la pérdida de 2,6 millones de euros para el erario público balear. El PSOE alega que esta omisión benefició a la empresa adjudicataria y a sus intermediarios, acusando al director del IB-Salut de un presunto “trato de favor”.

El Gobierno autonómico del PP  justifica esta situación argumentando un error en el plazo de reclamación. Sin embargo, esta justificación no ha convencido al PSOE, que considera que se podrían haber cometido hasta tres delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Por su parte, el PP ha contraatacado acusando al PSOE de intentar confundir y defender los intereses de la supuesta trama Koldo. Marga Prohens, expresidenta del Govern, ha calificado la denuncia como un acto de desesperación por parte de los socialistas y ha insinuado que esta acción los expone como defensores de la corrupción.

Las investigaciones del ‘caso Koldo’ revelan una trama compleja de influencias políticas y presiones para evitar el pago de los sobrecostes reclamados por el Gobierno balear. Intermediarios como Koldo García habrían utilizado conexiones en el ámbito político para frenar la reclamación, según evidencian los informes policiales.

El desarrollo de este caso ha llevado a la constitución de una comisión de investigación en el Parlament de las Islas Baleares, presidida por Vox. Este nuevo capítulo promete desvelar más detalles sobre la trama y sus implicaciones políticas. Mientras tanto, el enfrentamiento entre el PSOE y el PP intensifica el clima de tensión política en la región, dejando al descubierto una red de influencias y presiones que socava la confianza en las instituciones públicas.