El PSOE ha sumado este jueves a todos sus socios de investidura en el Pleno del Congreso para salvar de la reprobación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, como pedían tanto el PP como Vox. Hace seis meses sí se aprobó la reprobación del fiscal en el Senado con la abstención entonces de varios de los aliados parlamentarios.
En concreto, García Ortíz se enfrentaba ahora a dos votaciones pidiendo el cese de sus funciones, ambas fueron debatidas el pasado martes 29 de octubre, pero su votación fue pospuesta por la DANA.
Sin embargo, el PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts, BNG, Podemos, Coalición Canaria e incluso el exministro de Fomento, José Luis Ábalos, han conseguido frenar las iniciativas impulsadas por los ‘populares’ y por Vox con su voto en contra.
EL BOCHORNO DE GARCÍA ORTÍZ SEGÚN EL PP
Los ‘populares’ habían reclamado en una proposición no de ley el cese del fiscal por lo que a su juicio son “gravísimos incumplimientos” de sus funciones. La iniciativa, recogida por Europa Press, se registró en mayo de este año, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid abrió una investigación al fiscal general por presunta revelación de secretos al desmentir la versión ofrecida por la Comunidad de Madrid sobre la regularización fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
De hecho, recogía otros episodios precedentes como las sentencias del Supremo contra nombramientos llevados a cabo por el fiscal general, como colocar a la exministra Dolores Delgado como fiscal de sala, o sus enfrentamientos con el Consejo Fiscal por ataques independentistas a fiscales del procés.
IMPARCIALIDAD EN EL ÓRGANO FISCAL
Por su parte, los de Santiago Abascal, habían incluido en una moción varios puntos reclamando en primer lugar la destitución inmediata de Álvaro García Ortíz en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales por la causa abierta que tiene en el Tribunal Supremo por revelación de secretos en el desempeño de su cargo.
Asimismo querían exigir al Gobierno que impulsase una modificación de la Ley que regula el Estatuto del Ministerio Fiscal, para convertir en vinculante la audiencia preceptiva del Consejo General del Poder Judicial prevista en la Constitución para el nombramiento del fiscal general del Estado. Y por último, que se adoptasen las medidas necesarias para garantizar la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia del fiscal general del Estado.
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