Errejón sigue apartado un año después

El exdiputado Íñigo Errejón, una de las figuras relevantes de la política española durante la última década, se mantiene alejado del foco mediático y político un año después de su dimisión y pendiente de que se resuelva la causa judicial contra él tras la denuncia por presunto agresión sexual de la actriz Elisa Mouliaá en 2021.

El 24 de octubre del año pasado el que fuera portavoz de Sumar en el Congreso emitió un comunicado anunciando de manera sorpresiva que dejaba todos sus cargos políticos, en la que aludía a motivos de salud mental, exponía de forma críptica que la primera línea generaba una “subjetividad tóxica que en el caso de los hombres el patriarcado multiplica” y decía que había llegado al “límite de la contradicción entre el personaje y la persona”.

Por su parte, Sumar emitió otro comunicado indicando que le abrió una investigación a tenor de las acusaciones en redes de comportamiento inadecuado hacia mujeres, que empezó a gestarse dos días antes a tenor de las denuncias anónimas contra él en redes que publicó la periodista Cristina Fallarás.

A su vez, Errejón envió un último mensaje a los integrantes del grupo parlamentario antes de salir de un canal de la aplicación Telegram que comparten todos los diputados, en el que expresaba que sentía el perjuicio causado.

La formación y sus principales dirigentes defendieron entonces que actuaron con contundencia a tenor de esas denuncias que salpicaban a su exportavoz y le pidieron que dejara todas sus responsabilidades políticas sin esperar siquiera a la apertura de expediente. La propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, llegó a declarar que Errejón no debió ser “ni diputado ni portavoz de Sumar”.

Este escándalo provocó una de las mayores crisis en la corta vida como partido de Movimiento Sumar, al ver cómo uno de sus principales activos era señalado por comportamientos machistas cuando el feminismo es una de las principales banderas de la formación. El secretario general del grupo parlamentario, Txema Guijarro, fue gráfico al describir que el caso de Errejón fue para ellos una “bomba nuclear”.

La formación trasladó repetidamente sus disculpas, anunció medidas de acompañamiento y apoyo a las víctimas, reconoció que sus protocolos fallaron en este caso y procedió a reforzarlos, desplegando a través de su página web un canal de denuncias y todo un sistema antiacoso.

Desde entonces, diversos diputados del grupo consultados recuerdan la indignación, sorpresa y decepción con su excompañero. Varias voces de este espacio político desgranan que el contacto con él quedó roto entonces y dejan claro que la relación seguirá siendo inexistente con independencia de lo que ocurra con la causa judicial.

Tras esta sacudida, Sumar reemplazó a Errejón por la actual portavoz en el Congreso, Verónica Barbero, la tercera persona que ocupó el cargo y buscó rearmarse con una segunda asamblea estatal que renovó la dirección.

Antes de que saltara el caso, las distintas federaciones de Más País, la formación que impulsó Errejón para presentarse a las generales, acordaron su integración en Sumar.

A su vez Errejón, que fue también cofundador de Podemos e impulsor también de Más Madrid, se mantiene alejado desde entonces de la vida pública y solo se ha pronunciado públicamente una vez ante la prensa cuando, en calidad de investigado, fue a declarar en enero a las puertas de los juzgados de Plaza Castilla donde proclamó su inocencia y expresó su tranquilidad ante la actuación de la justicia. Así, se prevé que se mantenga en silencio hasta que se resuelva el proceso judicial en el que está inmerso.

Con su renuncia al escaño, tenía derecho a una indemnización por sus ocho años como miembro del Congreso cuantificada en 25.000 euros y que ya dejó de percibir en junio de este año.

En su última declaración de bienes ante su salida indicó que disponía en octubre del año pasado de 363.966 euros en depósitos y cuentas bancarias, 300.000 más de los que consignó cuando obtuvo escaño por primera vez.

Mientras, Errejón está a la espera de la resolución de la investigación judicial que dirige el juez Adolfo Carretero tras la denuncia cursada por Elisa Mouliaá y que se prolonga desde hace meses. El magistrado se ha dado hasta el año que viene como plazo para concluir las pesquisas.

En su comparecencia en sede judicial, el exdiputado declaró que actuó con consentimiento y que había dimitido de sus cargos no por los hechos denunciados, sino porque perdió la confianza de su formación política.

“Yo pierdo la confianza de mis dirigentes y cuando uno es político, cuando pierde la confianza de sus jefes, se tiene que ir. (…) Yo militaba en un espacio político que tiene a gala defender que cualquier testimonio, aunque sea anónimo y aunque sea en redes, es plena y directamente válido (…) Yo no puedo ser portavoz de un espacio así y a la vez defender mi inocencia; entonces yo tengo que dar un paso atrás, y doy un paso atrás”, explicó.

Este viernes el juez Carretero ha tomado declaración a dos psiquiatras que atendieron a Elisa Mouliaá en el marco de la causa, quienes han reconocido que le recetaron a la actriz antidepresivos en 2023, dos años después del episodio con el expolítico, sin que la intérprete aludiera en las consultas a ese momento.