El Gobierno buscará este martes superar las reservas de socios europeos como Italia o los países bálticos para desbloquear la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea y lograr su reconocimiento desde 2027, aunque con una derogación que aplace sin fecha la traducción de la gran parte de los actos jurídicos del bloque y a costa de renunciar a que sea el presupuesto común el que costee su aplicación.
Así las cosas, España mantiene como punto “para adopción” la reforma del reglamento del uso de las lenguas de la UE en la agenda del consejo de Asuntos Generales de este martes, en donde necesita la unanimidad de los Veintisiete para que la decisión salga adelante. La propuesta será por tanto adoptada si ningún Estado miembro vota en contra, ya que la eventual abstención de delegaciones con dudas no suma en contra de la unanimidad.
El reglamento europeo prevé que todas las lenguas reconocidas –24 hoy en día– sean idiomas de uso y de trabajo en todas las instituciones comunitarias y que el coste de su aplicación se financie con el presupuesto de la Unión Europea. En las negociaciones hasta ahora España no ha ofrecido cifras concretas del esfuerzo presupuestario que supondría la oficialidad de las tres leguas, aunque Bruselas apuntó en un estudio preliminar en diciembre de 2023 que podría suponer unos 132 millones de euros al año, basándose únicamente en la experiencia del gaélico.
A falta de una estimación oficial del coste de incluir las tres lenguas cooficiales en esta categoría ni de una evaluación sobre su impacto legal y práctico, en los debates de preparación países como Italia, Francia, los bálticos o Bulgaria han expresado sus reservas, según distintas fuentes diplomáticas consultadas con Europa Press.
Varias delegaciones y los servicios legales han planteado “preocupaciones” que “necesitan ser discutidas”, apuntan las fuentes, en referencia a que algunos de los países ven prematuro tomar decisiones sobre un asunto que no se ha trabajado en los grupos de expertos habituales en el Consejo, ni sobre el que hay evaluaciones formales sobre la mesa.
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