La vivienda soporta en España una elevada carga fiscal a lo largo de todo su ciclo económico, de manera que un contribuyente puede llegar a pagar, entre las fases de adquisición, tenencia y transmisión, más del 62 % del precio de compra en impuestos si se suman todos los tributos abonados durante ese periodo.
Esta es una de las principales conclusiones del doctor en Ciencias Económicas y Empresariales Jaume Menéndez, autor del libro Análisis económico de la fiscalidad de la vivienda en España, presentado en un acto organizado conjuntamente por Fedea, la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas y la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
Como consecuencia de la acumulación de gravámenes, Menéndez sostiene que la vivienda se ha convertido en «la gallina de los huevos de oro» para las administraciones públicas. Según el estudio, España ocupa el cuarto lugar entre los países de la Unión Europea con mayor presión fiscal sobre la vivienda, únicamente por detrás de Luxemburgo, Francia y Bélgica.
El autor considera que el debate no debe centrarse únicamente en reducir la carga tributaria, sino en diseñar un sistema más eficiente, coherente y neutral que incentive el incremento de la oferta de vivienda.
Entre sus propuestas para la fase de promoción y adquisición destaca la implantación de un IVA del 0 % para la promoción de vivienda destinada al alquiler asequible, así como un tipo reducido del 4 % o del 5 % para la primera compra de vivienda por parte de los jóvenes. Asimismo, plantea aplicar temporalmente un IVA del 0 % a las actuaciones de rehabilitación energética y a la renovación del parque residencial existente.
El estudio también recomienda corregir el denominado «efecto cascada» del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), ya que este tributo aumenta cuando un mismo inmueble cambia de propietario en varias ocasiones sin que exista un valor añadido real entre comprador y vendedor. Como alternativa, propone permitir que el nuevo comprador pueda deducirse el ITP previamente abonado por el vendedor.
Menéndez denuncia igualmente la falta de coherencia existente en las deducciones del IRPF relacionadas con la vivienda y el alquiler, que varían de forma significativa entre comunidades autónomas.
Respecto a la fase de tenencia, considera razonable elevar el mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio, congelado desde 2011, tanto para el patrimonio general como para la vivienda habitual. Además, plantea adaptar estos umbrales a la realidad de cada territorio en función del precio de la vivienda y del nivel de renta de sus habitantes.
En relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, propone establecer una tarifa progresiva única con tipos comprendidos entre el 5 % y el 15 %, acompañada de un mínimo exento. También recomienda eliminar los grupos de parentesco como criterio principal, suprimir los coeficientes multiplicadores vinculados al patrimonio preexistente y eliminar la valoración automática del ajuar doméstico.
Durante la presentación del estudio, el presidente de la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana, Josep M.ª Font, subrayó que el principal problema del mercado residencial es la escasez de oferta, unida al incremento de los costes de construcción y a la creciente dificultad de acceso a la vivienda para jóvenes y colectivos vulnerables. También alertó de la existencia de una inseguridad jurídica «bastante grave», especialmente en las grandes ciudades y áreas metropolitanas.
Por su parte, el director de Fedea, Ángel de la Fuente, señaló que el origen del problema reside principalmente en la falta de oferta, la fiscalidad y la regulación urbanística y del suelo, por lo que defendió la necesidad de alcanzar un amplio acuerdo político para impulsar reformas estructurales.
Los expertos participantes coincidieron además en señalar la escasez de suelo finalista, los largos plazos necesarios para desarrollar nuevos proyectos urbanísticos, las dificultades de financiación para promover vivienda nueva y adquirir suelo, el incremento de los costes laborales y la inseguridad jurídica derivada de la normativa urbanística. Asimismo, defendieron la necesidad de mejorar las infraestructuras de transporte para facilitar la expansión urbana y lamentaron que, a su juicio, el debate sobre la vivienda haya terminado penalizando la construcción de vivienda libre.
