García Ortiz defiende su cargo ante críticas

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha intervenido en la apertura del año judicial, celebrada este viernes en el Tribunal Supremo (TS), reconociendo que se produce este año en “singulares circunstancias” por su “situación procesal”. No obstante, ha reivindicado su estatus, ratificado su confianza en la Justicia y advertido de que la institución “no sucumbe a los ataques de los delincuentes”.

“Es un honor, como jurista, como fiscal y como ciudadano de este país, estar hoy aquí –en mi condición de Fiscal General del Estado– en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. En este acto solemne y reglado presidido por el Jefe del Estado. Y participar como dispone la Ley en la apertura de un nuevo curso judicial en España”, ha comenzado García Ortiz.

Ha reconocido ser “plenamente consciente” de las “singulares circunstancias” de su intervención, ya que se encuentra a un paso de ser juzgado en el Supremo por la presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

A pesar de que se llegó a valorar un boicot en el ámbito judicial, finalmente fue descartado. Sin embargo, asociaciones como APM, AF y APIF le instaron a no acudir, mientras que vocales conservadores del CGPJ pidieron a su presidenta, Isabel Perelló, que considerara la “inconveniencia” de su participación. Por el contrario, el bloque progresista defendió su presencia legalmente obligatoria.

“Respeto todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse”, dijo, añadiendo: “Si estoy aquí, como fiscal general del Estado, es porque creo en la Justicia y en las instituciones que la conforman”.

Hizo un “humilde llamamiento” al respeto por la función fiscal y el trabajo de todos los fiscales, defendiendo que es una “institución fuerte”, “sólida” y “confiable”, que “no sucumbe ante los embates o ataques de los delincuentes”.

Posteriormente, expuso la Memoria Anual de la Fiscalía de 2024, destacando estadísticas clave en violencia de género, menores migrantes no acompañados e incendios. Celebró las reformas legales impulsadas por el Gobierno para modernizar la justicia y defendió la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorgaría a los fiscales la dirección de la investigación penal.

Reconoció que ello exigiría una transformación interna y la creación de “un sistema de contrapesos en el que el interés particular no se anteponga nunca al general”, incluso “restringiendo el poder del fiscal general del Estado” si se considera pertinente.

García Ortiz insistió en que el Ministerio Público no es “una caricatura sumisa al poder”, sino la “mejor salvaguardia” para ciudadanía y Estado de derecho. Citó el caso de menores como ejemplo del trabajo diario de la Fiscalía y subrayó que, si se aprueba la reforma, asumirán las investigaciones criminales bajo control judicial.

En materia de corrupción, destacó la creación de dos nuevas unidades especializadas: Delitos Económicos y Delitos contra la Administración Pública. Explicó la “estrecha relación entre corrupción y delincuencia organizada”, alertando de que ambas se retroalimentan y deterioran la relación entre ciudadanos e instituciones.

Sobre migración, alertó del incremento de llegadas en 2023, especialmente a Canarias, y pidió coordinación ante delitos asociados como la trata. Defendió los derechos de los migrantes en centros y aeropuertos, destacando la situación de menores no acompañados y señalando su especial vulnerabilidad y estigmatización social y política.

“La respuesta que demos a niños y migrantes será el juicio que el futuro hará de nosotros”, sostuvo, recordando que “la dignidad humana y el interés superior del menor son valores constitucionales”.

Por último, criticó el “efecto negativo del elevado índice de suspensiones” de juicios, que genera insatisfacción en la ciudadanía, y expresó preocupación por el aumento de la siniestralidad laboral y la criminalidad en el entorno virtual.