Haití: elecciones aplazadas al 2026 por la inseguridad

Las elecciones agendadas para este 15 de noviembre de 2025 en Haití, consideradas hace apenas meses la mayor esperanza de salida democrática a la grave crisis política y humanitaria, han sido oficialmente canceladas por incapacidad institucional y de seguridad, retrasando la cita con las urnas hasta 2026 y sumiendo al país en una peligrosa zona de incertidumbre y vacío de poder. Este aplazamiento, lejos de ser un hecho aislado, es consecuencia directa de años de ingobernabilidad, erosión del Estado y violencia armada, factores que explican el complejo contexto al que se enfrentan los haitianos.​

El camino hacia el colapso político

Tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021 y la sucesión de gobiernos provisionales de limitada legitimidad, Haití encadenó sucesivos retrasos en su proceso electoral. El Consejo Presidencial de Transición (CPT), autoridad vigente pero ampliamente cuestionada por la ciudadanía y facciones políticas, tenía como mandato organizar las votaciones múltiples en un plazo que expiraba el 7 de febrero de 2026. Sin embargo, la incapacidad para garantizar seguridad en el territorio, bajo constante asedio de bandas criminales que controlan buena parte de la capital y zonas rurales, sumada a graves problemas logísticos y financieros, obligó a postergar nuevamente la elección.​

Los números de la violencia hablan por sí solos: en los primeros cinco meses de 2025 se registraron más de 3.000 muertes relacionadas con la actividad de las bandas armadas. El Estado, debilitado y sin control sobre su jurisdicción, no pudo asegurar siquiera la entrega de materiales electorales o proteger centros de votación.​

Partidos, candidatos y el tablero político fragmentado

El escenario preelectoral en Haití mostraba una extrema fragmentación. Entre los principales actores políticos figuraban partidos históricos como Fanmi Lavalas (liderado por el expresidente Jean-Bertrand Aristide), Pitit Desalin (de izquierda, bajo Jean-Charles Moïse), Engagés pour le Développement (EDE, con Claude Joseph) y diversas coaliciones, como Résistance Démocratique y el Acuerdo de Montana, este último inicialmente aglutinador de sociedad civil y partidos, pero fracturado por luchas internas. Además, algunos miembros del Compromis Historique, sancionados internacionalmente, acentuaban la desconfianza pública.​

Ningún liderazgo sobresalía lo suficiente para ofrecer certezas: los aspirantes presidenciales, en su mayoría figuras conocidas pero con divisiones profundas e incluso nexos cuestionados con el fenómeno de las bandas, competían en una carrera marcada por la falta de propuestas organizadas para la reconstrucción nacional. La desafección de la ciudadanía, agotada por años de frustración y sin garantías de seguridad ni transparencia, era el telón de fondo.​

El papel de la comunidad internacional y los desafíos estructurales

La presión internacional, de la ONU y actores regionales, ha resultado insuficiente para revertir la deriva. La financiación electoral, que supera los 80 millones de dólares, dependía de ayudas externas no aseguradas, mientras las misiones de seguridad multinacionales no lograron frenar la expansión de las bandas ni restaurar la confianza institucional.​

En este contexto, los intentos de reforma constitucional se han pospuesto. La idea, impulsada por el CPT, era buscar un modelo presidencialista más estable y simplificar la legislatura, pero la falta de consensos y la incapacidad para realizar el referéndum previsto en 2025 reflejan la debilidad estructural del sistema político.​

Consecuencias para el futuro del país

El aplazamiento de las elecciones profundiza el riesgo de un vacío institucional de más de 96 días (entre febrero y mayo de 2026), cuando expira el mandato transitorio y se prevé –si todo el cronograma se respeta– la investidura del nuevo presidente. La inexistencia de un mecanismo de emergencia para gobernar durante ese lapso podría sumir al país en el colapso constitucional, obligando a negociar en contra del “espíritu” del pacto vigente y aumentando las posibilidades de conflictos por el control del poder.​

De fondo, persiste la pregunta crucial: ¿serán las elecciones, cuando finalmente se celebren, capaces de restaurar la legitimidad estatal y recomponer el contrato social entre la ciudadanía y las instituciones?. Haití transita la delgada línea entre el caos y un posible renacimiento democrático, desafío que dependerá de la capacidad política para contener la violencia, asegurar la transparencia y obtener el apoyo externo sin nuevas formas de injerencia ni paternalismo.​

Así llegan los haitianos, entre la incertidumbre y el miedo, pero también con la esperanza de que el próximo ciclo electoral abra un camino real para el futuro democrático y la reconstrucción nacional. Lo que está en juego no es solo un gobierno: es el rescate mismo de la idea de Haití como Estado.