Irene Montero teme que se siga aplicando de forma “defectuosa” la ley y se apoya en la jurisprudencia: “Era clara”

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha mostrado “muy preocupada” por que se siga aplicando, a su juicio, de forma “defectuosa” la llamada Ley del ‘solo sí es sí’ y se ha apoyado en que la jurisprudencia “era clara” por lo que no hizo falta introducir en el texto una disposición transitoria.

Montero ha insistido en que el problema de las revisiones de sentencias derivada de la entrada de la ley no es el articulado de la misma sino la interpretación que hacen los magistrados, por lo que ha reivindicado el texto original y ha apuntado que ningún órgano judicial podría prever lo que ha ocurrido.

“Nadie pudo pensar que si se modificaban las penas mínimas podía conllevar reducción de penas”, ha reclamado Montero en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, apoyándose además en la jurisprudencia con un texto de la Fiscalía que ha resumido en que “si la pena que se ha impuesto entra dentro de la nueva horquilla de penas, no es revisable”, ha matizado.

Preguntada por qué no se introdujo una disposición transitoria en el texto, la titular de Igualdad ha incidido en que estaba “convencida” de que la jurisprudencia era “tan clara” que no se vio necesario, aunque ha reconocido que está “muy preocupada” por que pueda haber una aplicación defectuosa de la ley que conlleve que haya víctimas revictimizadas.

A su juicio, la rebaja de penas que se están dando en algunos casos corresponde a “errores en la aplicación de la ley” por lo que considera que es necesario “formar a los operadores jurídicos” en perspectiva de género.

Asimismo, ha aludido a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha defendido la ley apelando a la sensibilidad de los tribunales y ha abogado por esperar a que estos unifiquen doctrina. Así, ha descartado tocar la ley y ha insistido en que si creyese que hay un error “sería la primera en reconocerlo”.

Dicho esto, Montero ha hecho hincapié en la urgencia de que los órganos judiciales unifiquen criterios antes de tomar cualquier decisión sobre la ley del “solo sí es sí”.