Islandia se prepara para una de las votaciones más decisivas de su historia reciente. El próximo 29 de agosto de 2026 los islandeses acudirán a las urnas para responder a una pregunta aparentemente sencilla pero de hondas consecuencias geopolíticas: ¿debe el país reanudar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea, congeladas desde 2013? El último sondeo de Maskína para DV, realizado entre el 2 y el 11 de junio sobre una muestra de 1.558 entrevistados, muestra una ventaja del ‘sí’, aunque por un margen ajustado que augura una campaña intensa.
La pregunta del referéndum y el reparto de apoyos
La papeleta planteará a los islandeses la cuestión “Á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið?” (“¿Debe Islandia reanudar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea?”). El sondeo de Maskína es uno de los primeros tras la aprobación parlamentaria del Althing del pasado 28 de mayo, y arroja una fotografía competitiva pero favorable al campo proeuropeo.
El ‘sí’ obtiene un 53,1% frente al 46,9% del ‘no’, una brecha de 6,2 puntos que confirma la tendencia de los sondeos previos pero con un escenario más reñido del que reflejaban encuestas anteriores. A comienzos de 2026, un sondeo de Gallup mostraba un empate técnico al 42% con un 16% de indecisos; el dato de Maskína sugiere que los indecisos se han distribuido de forma relativamente equilibrada, con leve ventaja para el bloque europeísta. La cifra no permite cantar victoria al Gobierno: el margen entra dentro de lo que cualquier campaña intensa puede revertir en dos meses y medio.
Contexto: del congelamiento de 2013 a la era Frostadóttir
Islandia presentó su candidatura a la UE en 2009, en plena resaca de la quiebra del sistema financiero. Tras tres años de negociaciones —en las que llegaron a abrirse 28 de los 33 capítulos de adhesión, con 11 cerrados provisionalmente—, el regreso de la coalición de centro-derecha en 2013 paralizó el proceso, formalmente enterrado por carta a Bruselas en 2015. Durante una década, la cuestión europea quedó en hibernación, mientras Islandia mantenía su integración de facto mediante el Espacio Económico Europeo y Schengen.
El giro llegó con la victoria de la Alianza Socialdemócrata (Samfylkingin) de Kristrún Frostadóttir en las elecciones de noviembre de 2024. La coalición tripartita que formó con Viðreisn (liberales europeístas) e Inga Sæland incluyó como compromiso central la celebración de este referéndum, inicialmente previsto para 2027 y adelantado por la propia primera ministra. La presión de la coyuntura internacional ha pesado decisivamente: las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia, los aranceles estadounidenses y las declaraciones del nominado embajador Billy Long sugiriendo que Islandia podría ser “el estado 52” han devuelto a Reikiavik la sensación de que necesita un ancla institucional en Europa.
Lo que está en juego: pesca, soberanía y el fantasma del Brexit
El ‘no’ conserva una base sólida del 46,9% alimentada por dos cuestiones de fondo. La primera es la Política Pesquera Común: el sector pesquero supone una parte sustancial de las exportaciones islandesas y la perspectiva de que Bruselas gestione las cuotas en la zona económica exclusiva del país sigue siendo el principal punto de fricción, igual que lo fue en 2013. La segunda es la soberanía monetaria: aunque la corona islandesa fluctúa con fuerza y el euro ofrece estabilidad, parte del electorado considera que el coste institucional supera al beneficio macroeconómico.
A ello se suma una guerra de relato. La ministra de Exteriores, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir (Viðreisn), ha advertido del riesgo de un “momento Brexit” denunciando posibles injerencias rusas, desinformación generada por inteligencia artificial y una retórica al estilo de Nigel Farage. El bloque del ‘no’, en torno al Partido de la Independencia (Sjálfstæðisflokkurinn) y al Partido del Centro (Miðflokkurinn), replica acusando al Ejecutivo de plantear un referéndum “tramposo” en dos fases —primero negociar, después decidir— para crear inercia hacia la adhesión plena.
Implicaciones del resultado
Conviene recordar que esta consulta no es vinculante sobre la adhesión: un ‘sí’ habilitaría a Frostadóttir a reabrir conversaciones con Bruselas (potencialmente antes de finales de 2026), pero cualquier tratado final requeriría un segundo referéndum. Un ‘no’, en cambio, cerraría el expediente europeo islandés probablemente por una generación. Para la UE, una eventual incorporación islandesa supondría extender el bloque hasta el Atlántico Norte en plena reconfiguración del orden de seguridad transatlántico, con seis eurodiputados adicionales y un punto estratégico clave entre Norteamérica y Europa.
