Ayer, el Gobierno alcanzó un acuerdo de reforma fiscal con sus aliados políticos, estableciendo una serie de beneficios fiscales para pymes y micropymes. Según el Ministerio de Hacienda, esta medida podría suponer un alivio fiscal de hasta 9.000 millones de euros durante los próximos cinco años. Esta iniciativa responde a las demandas de Junts, que solicitó al PSOE introducir modificaciones para reducir el impuesto de sociedades para pequeñas empresas y eliminar la carga fiscal sobre las energéticas, entre otros puntos. Las pymes catalanas, en particular, se beneficiarán de una reducción fiscal de unos 2.500 millones de euros.
Estas enmiendas contemplan que las empresas con ingresos netos menores a 1 millón de euros verán una disminución en el tipo impositivo de sociedades, actualmente en un 23%. Además, las empresas con una facturación entre 1 millón y 10 millones de euros experimentarán una rebaja gradual del impuesto de sociedades desde el 25% en 2025 hasta alcanzar el 20% en 2029. También podrán deducir un 20% adicional de su base imponible en caso de aumentar su plantilla.
Las compañías con ingresos superiores a 10 millones también contarán con deducciones por incremento de personal, como medida para fomentar el crecimiento de estas empresas. La reforma establece que las pymes con menos de 1 millón de euros en ingresos podrán obtener una reducción del 21% sobre los primeros 50.000 euros de beneficios en 2025, con un tipo que se irá reduciendo hasta alcanzar el 17% en 2027, mientras el resto de sus beneficios también se verán gravados progresivamente a la baja.
Para aquellas empresas con menos de 1 millón de facturación, se introduce una deducción especial por reinversión de capital. Si aumentan su plantilla en un 2-5%, disfrutarán de una bonificación del 23% en su base imponible; si el incremento de personal es del 5-10%, la bonificación será del 26,5%, y si supera el 10%, obtendrán una deducción del 30%, limitada al 25% de la base imponible. Esta reforma fiscal, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2029, supone un avance hacia una fiscalidad progresiva en beneficio del crecimiento de las pequeñas empresas.
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