Junts rebaja su iniciativa sobre la cuestión de confianza, dejando claro que no tiene efectos jurídicos

El grupo parlamentario de Junts ha rebajado la redacción de su iniciativa sobre la cuestión de confianza para dejar claro que no tiene efectos jurídicos, en línea con lo que le exigió el PSOE para aceptar su tramitación parlamentaria en el Congreso.

La redacción original de su proposición no de ley sólo ocupaba una línea y media y buscaba directamente instar al presidente del Gobierno a plantear una cuestión de confianza, pero ahora Junts opta por atenuarla y sólo quiere animar a Sánchez a “considerar la oportunidad” de plantear esa cuestión de confianza.

Y la descafeína más al añadir expresamente que su propuesta sólo tiene un valor político, carece de “efectos jurídicos” para Sánchez y no le obliga a cumplirla, dado que la cuestión de confianza es una “prerrogativa que le confiere la Constitución“.

Lo que no modifica Junts es la exposición de motivos, en la que se sigue quejando de que no ven voluntad política en el presidente del Gobierno para cumplir los acuerdos y que con esa dinámica “no hay posibilidad de generar la base de confianza necesaria para encarrilar el resto de legislatura“. Pero la exposición de motivos no se vota ni tiene efectos.

Los de Carles Puigdemont han rebajado su texto después del acuerdo alcanzado con el Gobierno para apoyar el nuevo decreto ley ómnibus y como condición para que el PSOE y Sumar permitan la tramitación de su proposición de ley.

LA PRÓXIMA SEMANA PODRÍA ADMITIRSE A TRÁMITE

Según precisan fuentes de Junts, esta nueva redacción no implica empezar de nuevo el procedimiento parlamentario, con lo que la Mesa del Congreso, en su reunión de la próxima semana, ya podrá admitir a trámite el texto con el fin de que los independentistas puedan llevarla al Pleno en la primera ocasión que tengan cupo, lo que se calcula para finales de febrero.

La proposición no de ley original había quedado congelada en la Mesa del Congreso pese a que los letrados no veían inconveniente para debatirla, pues ya habían informado de que una iniciativa de este tipo no tiene efectos jurídicos. El PSOE la venía frenando alegando incluso que podría ser inconstitucional.