JUPOL critica la reunión de Cerdán con el “huido” Puigdemont y a Interior por “censurar” a quienes rechazan la amnistía

El sindicato de la Policía Nacional JUPOL ha criticado la reunión en Bruselas de este lunes entre el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el “huido” Carles Puigdemont, advirtiendo irónicamente que omitirán su opinión sobre el tema porque el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska “intentará censurar” a quienes critican la amnistía que exigen los partidos independentistas como condición para apoyar la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“Recordamos, por si a alguien se le escapa, que el señor Puigdemont actualmente está huido de la justicia por haber cometido ‘presuntamente’ delitos muy graves. No aportaremos opinión alguna, ya que sino Interior nos intentará censurar”, señaló JUPOL en la red social X –antes Twitter– seguido de la etiqueta “Amnistía no”.

JUPOL realizó este comentario coincidiendo con la reunión entre el ‘número tres’ del PSOE y Puigdemont en dependencias de Junts en el Parlamento Europeo, sentados en una sala con una foto de la votación del referéndum ilegal convocado el 1 de octubre de 2017.

La cita en Bruselas, enmarcada en la ronda de contactos previa a la investidura de Sánchez, se celebró un día después de que el Ministerio del Interior anunciara que la Guardia Civil estudia acciones legales contra JUCIL, asociación mayoritaria, por calificar de “felonía” que Sánchez respaldara en nombre de España la amnistía ante el Comité Federal del PSOE.

JUCIL: “A LA ESPERA DE ACONTECIMIENTOS”

Este martes, 48 horas después del anuncio de Interior, JUCIL no tenía aún ninguna notificación oficial del procedimiento abierto por el Ministerio de Grande-Marlaska. “Estamos a la espera de acontecimientos”, ha señalado el secretario general de la asociación, Ernesto Vilariño.

JUCIL es la asociación mayoritaria en la Guardia Civil, ‘hermana’ de JUPOL en la Policía, y ambas organizaciones surgieron de la plataforma Jusapol, que agrupa a agentes de ambos cuerpos y reivindica una “equiparación salarial real” con las policías autonómicas y locales, al ver insuficiente los más de 800 millones de euros del acuerdo firmado por el Gobierno del PP y ejecutado luego por el actual del PSOE.

Fuentes de Interior informaron el domingo por la tarde de que los servicios jurídicos de la Guardia Civil estudiaban emprender acciones legales y disciplinarias contra JUCIL por “quebrantar el principio de neutralidad política”.

En concreto, la asociación publicó un vídeo del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones en el Comité Federal del PSOE defendiendo la ley de amnistía, algo que JUCIL criticó asegurando que se pone el “interés personal de un individuo por encima de la libertad del pueblo español”.

“Hace tiempo que se viene llamando a la responsabilidad por creerse una suerte de actores políticos, confundiendo los fines legítimos de su actividad y corrompiendo los valores de la Guardia Civil”, añadieron estas fuentes en referencia a “determinadas asociaciones” del Instituto Armado.

Previamente, la mayoría de organizaciones de la Guardia Civil pero también sindicatos de la Policía habían expresado su rechazado a la propuesta de la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, de incluir a los policías procesados por el dispositivo en el 1-O en la ley de amnistía, que rechazan de plano. Entienden que no se les puede equiparar con los que se saltaron la ley apoyando el ‘procés’ independentista en 2017.

ILEGALIZAR A BILDU

La documentación que estudia ahora la Guardia Civil incluye una quincena de tuits en los que JUCIL, según han añadido fuentes de Interior, ya que además de censurar la “felonía” de la amnistía, la asociación también ha cuestionado los pactos con EH Bildu, la política migratoria o la decisión de mantener en 4 el nivel de alerta antiterrorista, en lugar de elevarlo a 5.

Desde las cuentas en redes sociales de JUCIL Vizcaya, Álava, Huelva o Córdoba, esta asociación mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil ha defendido que “Bildu es ETA” y ha instado a su ilegalización, apelando a “políticos con agallas” y la memoria de los guardias civiles asesinados por la organización terrorista.

También han cuestionado decisiones de Interior como mantener en 4 el nivel de alerta antiterrorista en un contexto de escalada bélica por el conflicto entre Israel y Hamás. “Marlaska rechaza elevar la alerta antiterrorista porque Podemos no quiere militares en la calle”, escribía JUCIL en otro comentario en redes sociales.

Otro de los asuntos criticados desde JUCIL, y analizados por quebrantar la neutralidad del Instituto Armado, es el del traslado a la Península de migrantes llegados en cayucos a Canarias, lo que según su denuncia se hace en “autobuses clandestinos” y “sin saber si son terroristas”.

En un comunicado, JUCIL reaccionó al estudio de acciones legales acusando al Ministerio del Interior de buscar “obediencia ciega”. “Quieren acusarnos de falta de neutralidad política, lo han intentado en más ocasiones (…) les molesta que los guardias civiles pensemos”, señaló esta organización, que acusó al director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, de dar “un paso más” en su intento de “amedrentar e impedir la libertad de expresión”.

En este contexto, tanto JUPOL como JUCIL reactivarán el 6 de noviembre el calendario de protestas frente al Ministerio del Interior para reivindicar una jubilación digna y el incremento de las dietas, así como la equiparación salarial. La protesta la respaldan otras organizaciones como CEP y AEGC, así como Jusapol, y está abierta a más sindicatos y asociaciones de Policía y Guardia Civil.