EEUU blinda a España en el Mundial

La justicia de Estados Unidos ha blindado a la selección española de fútbol de las amenazas de embargo durante el Mundial que se está celebrando en el país por los acreedores que pleitean con el Reino de España por el cobro de las indemnizaciones por los recortes a las renovables en 2013. Así, en un fallo emitido el pasado 22 de junio por el juez John D. Bates, el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia ha estimado la petición de España y ha ordenado modificar las citaciones judiciales, conocidas como ‘subpoenas’, con las que acreedores como el fondo Blasket Renewable Investments buscaban obtener información financiera de los proveedores del equipo nacional en el torneo. La decisión impide que los acreedores utilicen la participación de la selección española en el Mundial para avanzar en sus intentos de cobro contra el Estado español.

El demandante, Blasket Renewable Investments, obtuvo un fallo final a su favor por más de 47 millones de dólares, unos 41,45 millones de euros, contra el Reino de España para reconocer un laudo arbitral extranjero. En sus esfuerzos por cobrar la deuda mediante procedimientos de localización de bienes posteriores a la sentencia, emitió citaciones a terceras empresas con sede en Estados Unidos que prestan servicios a la Selección Nacional de Fútbol de España en el marco de su participación en el Mundial de la FIFA 2026.

No obstante, el Reino de España presentó una moción para anular o modificar estas citaciones y, aunque Blasket argumentó que España no tenía legitimación para oponerse a requerimientos dirigidos a terceros, el tribunal resolvió que la Real Federación Española de Fútbol y la selección nacional no son “alter egos” del Estado español. Esta consideración resultó determinante para la decisión judicial, ya que limita la posibilidad de extender las medidas de ejecución a entidades vinculadas indirectamente con el país.

El juzgado recuerda en su resolución que para investigar los activos de una entidad instrumental de un Estado soberano es necesario demostrar que dicha entidad está ampliamente controlada por ese Estado y actúa en la práctica como una prolongación del mismo. En este caso, el tribunal concluyó que no se daban esas circunstancias. La sentencia destaca que la Federación Española de Fútbol opera con independencia presupuestaria y cuenta con órganos de gobierno propios elegidos de forma autónoma.

En concreto, el fallo recoge que la Federación está gestionada por un presidente y una asamblea general electos, lo que refuerza su carácter independiente respecto a la Administración del Estado. Esta conclusión impide a los acreedores acceder a información financiera relacionada con los servicios prestados a la selección durante el campeonato y aleja el riesgo de actuaciones que pudieran afectar a su actividad deportiva en plena competición.

La resolución supone además un importante respiro para el Gobierno español en la batalla judicial que mantiene con los acreedores de los laudos arbitrales derivados de los recortes a las energías renovables aprobados en 2013. En los últimos años, estos fondos han intensificado las acciones legales para tratar de ejecutar sentencias favorables en distintas jurisdicciones y recuperar las cantidades reconocidas por tribunales internacionales. Los acreedores habían llegado a amenazar con medidas de ejecución sobre activos e intereses del Estado durante la celebración del Mundial.

España tiene actualmente pendientes de pago cerca de treinta laudos arbitrales internacionales relacionados con los cambios retroactivos introducidos en el régimen de energías renovables. En Estados Unidos, los inversores han conseguido hasta siete sentencias federales firmes a su favor por un importe cercano a los 700 millones de euros. Además, mantienen procedimientos activos o han obtenido resoluciones favorables en países como Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Australia y Singapur.

La deuda total reclamada al Estado español por estos litigios supera los 2.330 millones de euros. De esa cantidad, alrededor de 553 millones corresponden a intereses de demora, costas judiciales y otros recargos acumulados durante años de disputas legales. Hasta la fecha, España solo ha satisfecho uno de los laudos arbitrales, el correspondiente al caso JGC, mientras permanecen pendientes unas 28 decisiones arbitrales en situación técnica de impago.