50 años de la renuncia de España al Sáhara Occidental

El 26 de febrero de 1976 España remitió una carta al entonces secretario general de la ONU, Kurt Waldheim, en la que notificaba su salida definitiva del Sáhara Occidental sin haber cumplido con su promesa de garantizar la autodeterminación de sus habitantes mediante un referéndum, renunciando con ello a cualquier responsabilidad sobre un territorio que 50 años después controla de facto en su inmensa mayoría Marruecos.

En ella, el entonces embajador ante la ONU, Jaime de Piniés, esgrimía que pese a la “voluntad del Gobierno español de proceder, ordenada y pacíficamente, a la descolonización del Sáhara Occidental, de acuerdo con los principios de la Carta y las resoluciones de la Asamblea General”, “la persistencia de circunstancias ajenas” había imposibilitado la celebración del referéndum y por tanto España ponía fin a su presencia.

El Gobierno español recordaba que el 20 de agosto de 1974 había anunciado “la celebración de un referéndum para la autodeterminación del territorio en los seis primeros meses de 1975”. Sin embargo, la Asamblea General aprobó una resolución en la que “recabó una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia solicitando del Gobierno el aplazamiento de dicho referéndum”, añadía, en referencia a un texto que había promovido Marruecos.

“España, a pesar de que esta resolución prolongaba sus responsabilidades y creaba un clima de incertidumbre, accedió a este aplazamiento porque en ella se recogía el derecho a la libre determinación de la población autóctona del territorio”, proseguía el Gobierno en su argumentación.

En estas circunstancias, que no se citan expresamente, el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne el 20 de octubre a petición de España y durante la reunión el Gobierno “puso una vez más de manifiesto su voluntad de asegurar una rápida y pacífica descolonización del territorio del Sáhara, estando dispuesto a aceptar una eventual administración territorial” conforme a lo planteado por el propio secretario general en un informe al máximo órgano de Naciones Unidas.

FACTORES EXTERNOS QUE ENTORPECEN EL PROCESO

Sin embargo, continúa, “factores externos no contribuyeron, como hubiese exigido el respeto a los principios y preceptos de la Carta, a favorecer un clima de paz y orden sino que, por el contrario, fueron acentuando en el territorio y en la zona la inestabilidad de la situación”, sin señalar en ningún momento ni a Marruecos ni al Frente Polisario.

En este sentido, el embajador recuerda que comunicó a Waldheim el 23 de mayo de 1975 que, “de no cesar estos factores perturbadores, España se vería en la necesidad de poner término a su presencia y acción administradora, fijando oportunamente la fecha para ello”.

Días antes, la Misión Visitadora de la ONU al Sáhara Español, cuyo cometido era elaborar un informe sobre la descolonización de este territorio, había visitado tanto la entonces aún provincia española como Marruecos, Argelia y Mauritania.

El informe se publicó el 10 de octubre de 1975 y en él se reconoce que “dentro del territorio, la población, o por lo menos casi todas las personas entrevistadas, estaban categóricamente a favor de la independencia y en contra de las reivindicaciones territoriales de Marruecos y Mauritania”.

A esto vino a sumarse el dictamen de la CIJ el 16 de octubre, en el que dijo no haber “comprobado la existencia de vínculos jurídicos de tal naturaleza” que afectaran a la descolonización del Sáhara Occidental y “en particular, la aplicación del principio de autodeterminación”.

LA MARCHA VERDE Y EL ACUERDO TRIPARTITO

La lectura que hizo el monarca alauí, Hassán II, fue diferente y, aferrándose al punto en el que la CIJ dice que los elementos obtenidos “muestran la existencia, en el momento de la colonización española, de lazos jurídicos de pleitesía entre el sultán de Marruecos y algunas de las tribus que vivían en el territorio del Sáhara Occidental”, anuncia el inicio de “una marcha pacífica del norte al sur”, la ‘Marcha Verde’, para reivindicar el Sáhara Occidental.

Entretanto, conforme a las resoluciones de la ONU, se producen negociaciones de los gobiernos de España, Marruecos y Mauritania, que culminan con el Acuerdo Tripartito de Madrid. En el mismo, recordaba De Piniés, “se fijaba que la terminación de la presencia española en el territorio se llevaría a efecto definitivamente antes del 28 de febrero de 1976”.

“El Gobierno español ha demostrado reiteradamente haber realizado todos los esfuerzos posibles para lograr una rápida descolonización en condiciones pacíficas y de respeto a la opinión de la población del territorio”, defendía la misiva, lamentando que “la persistencia de circunstancias ajenas a su voluntad no ha hecho posible hasta la fecha la organización de la consulta a la población”.

En este sentido, y conforme a lo acordado el 14 de noviembre de 1975 en Madrid, “el Gobierno español, con fecha de hoy, da término definitivamente a su presencia en el territorio del Sáhara”, informa en la carta, en la que además “deja constancia” de dos cuestiones.

En primer lugar, “España se considera desligada en lo sucesivo de toda responsabilidad de carácter internacional con relación a la administración de dicho territorio, al cesar su participación en la administración temporal que se estableció para el mismo” en el Acuerdo Tripartito.

Y segundo, remarca que “la descolonización del Sáhara Occidental culminará cuando la opinión de la población saharaui se haya expresado válidamente”.

¿SIGUE SIENDO POTENCIA ADMINISTRADORA?

Con la primera de estas afirmaciones, los sucesivos gobiernos españoles han venido justificando que España dejó en ese momento de ser potencia administradora del Sáhara Occidental, que a día de hoy sigue figurando en el listado de la ONU de territorios pendientes de descolonización.

“Desde esa fecha, España no figura como potencia administradora en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas”, sostuvo el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria al Senado en septiembre de 2020, mientras que el actual ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha abundado en esta idea, cuando se le ha dicho que España sigue teniendo ese rol.

Para el catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad del País Vasco Juan Soroeta, “desde el punto de vista del Derecho Internacional no hay ninguna duda de que España sigue siendo la potencia administradora del territorio”, condición que le atribuyó la Asamblea General en los años 60 y que sigue sin haberle retirado.

En declaraciones a Europa Press, subraya que “un Estado puede renunciar a sus derechos, pero no a sus obligaciones”. Es más, recuerda, de los tres espacios que administra una potencia colonial –tierra, mar y aire–, “España no controla los dos primeros porque Marruecos los ocupa por la fuerza, pero sigue administrando el espacio aéreo de todo el territorio del Sáhara Occidental, incluido el que controla el Polisario.

“Si no lo hace como potencia administradora, ¿en qué otro concepto podría hacerlo?”, se pregunta este experto, que además apunta a que la Audiencia Nacional también se ha pronunciado en este sentido. En un auto en julio de 2014, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, entonces presidida por Fernando Grande-Marlaska, actual ministro del Interior, se recuerda que “tanto a nivel formal como jurídico” el Sáhara español era una provincia y con la entrada en la ONU España se convirtió en “potencia administradora”.

Tras una extensa argumentación, el auto concluye que “España de ‘iure’, aunque no de ‘facto’, sigue siendo la potencia administradora, y como tal, hasta que finalice el periodo de descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas”.