La Fiscalía pide ampliar la investigación contra la pareja de Ayuso por presunto pago de comisiones

La Fiscalía ha pedido ampliar la investigación contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el presunto pago de comisiones, según adelantó la Cadena Ser este miércoles. Este movimiento judicial se produce en un contexto en el que el Ministerio Público descarta el delito de administración desleal, pero apunta a indicios sólidos de corrupción en los negocios.

Los nuevos cargos investigados

La Fiscalía ha impugnado el recurso de González Amador, quien busca evitar que se abra una pieza separada en su caso. La jueza que lleva el procedimiento investiga al empresario por presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental, pero la oposición, liderada por PSOE y Más Madrid, ha solicitado incluir también los delitos de administración desleal y corrupción en los negocios.

En un escrito de tono contundente, la Fiscalía descarta la administración desleal pero subraya que existen pruebas que respaldan la existencia de un delito de corrupción en los negocios, lo que podría implicar graves consecuencias legales para González Amador.

Presunto fraude fiscal y organización criminal

El Ministerio Público también mantiene abierta la posibilidad de que el fraude fiscal investigado sea calificado como agravado. Según el informe, González Amador habría utilizado empresas pantalla y testaferros para ocultar ingresos al Fisco, y podría estar vinculado a una organización criminal que emitía facturas falsas. La Fiscalía destaca que la línea entre la organización criminal y la cooperación necesaria es “muy fina” en este caso.

Negación de motivaciones políticas

En respuesta a las declaraciones de González Amador, quien ha denunciado una motivación política detrás de la investigación, la Fiscalía ha rechazado categóricamente estas acusaciones. El escrito señala que el caso no se basa en “informaciones periodísticas más o menos contrastadas”, sino en un procedimiento administrativo llevado a cabo por la Agencia Tributaria, donde el acusado no ha aportado explicaciones satisfactorias.

El Ministerio Público también hace referencia al caso de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, como precedente en el que se destaca cómo la acusación popular puede influir en el desarrollo de un proceso judicial.

Retrasos y diferencias de ritmo

La investigación contra González Amador se ha visto retrasada desde octubre pasado, cuando la defensa recurrió la ampliación de las pesquisas. La jueza decidió entonces esperar el fallo de la Audiencia de Madrid, pero el trámite del recurso se prolongó más de dos meses debido a errores administrativos, incluyendo la falta de documentos clave que tuvieron que ser reclamados por el juzgado.

La Fiscalía también compara esta situación con la rapidez inicial con la que la defensa del empresario intentó alcanzar un acuerdo para evitar la prisión. Además, menciona que la investigación del Tribunal Supremo sobre el Fiscal General Álvaro García Ortiz, por una presunta filtración de datos confidenciales, podría afectar las pesquisas en curso si termina en condena. Algunos investigados ya han solicitado que el caso se suspenda hasta que el Supremo emita su veredicto.