La Fiscalía pide ocho años de cárcel para el exdiputado Tito Berni por cohecho y pertenencia a grupo criminal

Ya hay petición de penas para el caso Mediador, la presunta trama de corrupción política y empresarial que operó en Canarias durante unos nueve meses, entre finales de septiembre de 2020 y julio de 2021. La Fiscalía solicita para el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, ocho años de prisión por cohecho continuado y pertenencia a grupo criminal.

La acusación pública reclama seis años de cárcel por un delito continuado de cohecho y otros dos años por pertenencia a grupo criminal. Las penas más elevadas, sin embargo, corresponden al presunto mediador de la trama, Marco Antonio Navarro Tacoronte, para quien la Fiscalía pide 13 años de prisión.

En el caso de Navarro Tacoronte, el escrito de acusación incluye seis años por cohecho, dos por pertenencia a grupo criminal, tres por estafa continuada, uno por falsedad documental y otro por tráfico de influencias. Para el exdirector general de Ganadería del Gobierno canario, Taishet Fuentes Gutiérrez, la Fiscalía solicita 11 años de cárcel: seis por cohecho, dos por pertenencia a grupo criminal y tres por estafa.

Según sostiene la acusación, los tres actuaron “guiados por el ánimo de obtener un ilícito beneficio económico” y habrían ideado un plan criminal para captar empresarios a los que ofrecían negocios, contratos o subvenciones a cambio de pagos, regalos y comisiones. La Fiscalía considera que ese supuesto plan se articuló mediante el uso indebido de cargos públicos, contactos institucionales e información reservada.

El caso Mediador investiga una presunta trama en la que empresarios habrían entregado dinero al intermediario Antonio Navarro Tacoronte con la expectativa de conseguir favores administrativos que, según el relato judicial, no llegaron a materializarse. Los empresarios habrían pagado alrededor de 100.000 euros a cambio de gestiones relacionadas con administraciones públicas y posibles oportunidades de negocio.

La investigación apunta a que parte de esos pagos se realizaron mediante transferencias sin justificación a la cuenta de la pareja de Navarro Tacoronte. También se señalan donaciones al club deportivo presidido por Juan Bernardo Fuentes Curbelo, exdiputado socialista procedente de Fuerteventura, a quien la investigación sitúa como uno de los principales integrantes de la presunta organización.

La Fiscalía sostiene que los acusados se valieron de sus posiciones y relaciones para generar una apariencia de capacidad de influencia ante los empresarios. El escrito de acusación considera que existía una estructura organizada y estable, con reparto de funciones entre sus miembros y una actividad dirigida a obtener beneficios económicos a través de la promesa de gestiones administrativas.

La petición de penas supone un nuevo avance procesal en una causa que ha tenido una amplia repercusión política, especialmente por la condición de exdiputado del PSOE de Tito Berni y por la implicación de antiguos cargos públicos canarios. El procedimiento deberá continuar ahora con los trámites previos a la celebración del juicio, en el que se determinará si los hechos descritos por la Fiscalía quedan acreditados.

La causa principal del caso Mediador entra así en una fase decisiva, con la Fiscalía concretando las penas que solicita para los principales acusados por delitos relacionados con corrupción, favores administrativos, pagos, regalos y presuntas comisiones.