La Guardia Civil ha registrado este martes varias dependencias del Ayuntamiento de Soria en el marco de una investigación judicial que afecta al Área de Comercio del consistorio soriano. La operación, desarrollada por agentes de la Policía Judicial desde primera hora de la mañana, se encuentra bajo secreto de sumario y está dirigida por el Tribunal de Instancia número 3 de Soria.
Según ha informado la Subdelegación del Gobierno, las diligencias están relacionadas con presuntos delitos contra la Administración Pública, organización criminal y blanqueo de capitales. Los investigadores buscan documentación e información vinculada a la gestión del Área de Comercio municipal y a diversas adjudicaciones realizadas en los últimos años.
El foco de la investigación
La investigación pone el foco sobre la actual responsable de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, quien poseyó un 33% de la empresa Biosfera Soria hasta 2019, cuando abandonó su participación al incorporarse al gobierno municipal.
De acuerdo con las informaciones conocidas hasta el momento, la empresa continuó obteniendo contratos públicos después de la salida de Santos del accionariado. Entre 2023 y 2025 habría recibido adjudicaciones por un importe aproximado de 55.000 euros procedentes de distintas administraciones, además de una subvención adicional de 75.000 euros para el desarrollo de un proyecto educativo. Estos hechos son ahora objeto de análisis por parte de los investigadores para determinar si existió algún tipo de irregularidad o conflicto de intereses.
Por el momento, no consta ninguna imputación formal contra la concejala ni se han hecho públicos los detalles concretos de las diligencias debido al secreto de sumario que pesa sobre la causa.
Registros y recopilación de documentación
Los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial accedieron a las dependencias municipales durante la mañana para recabar expedientes, contratos y documentación relacionada con el Área de Comercio. Diversas informaciones apuntan a que las actuaciones podrían extenderse también a otras localizaciones y formar parte de una investigación más amplia.
La operación se desarrolla bajo dirección judicial y con la supervisión de la Fiscalía, que investiga posibles delitos relacionados con la contratación pública y el destino de fondos públicos.
El Ayuntamiento pide prudencia
El Ayuntamiento de Soria ha emitido un comunicado en el que asegura estar colaborando plenamente con la Justicia y facilitando toda la documentación requerida por los investigadores. Asimismo, el consistorio ha pedido prudencia y respeto al procedimiento judicial mientras continúan las actuaciones.
Fuentes municipales han subrayado que, debido al secreto de sumario, el Ayuntamiento desconoce el alcance exacto de las diligencias y no dispone de información suficiente para realizar valoraciones sobre el contenido de la investigación.
La operación supone un nuevo foco de atención política en Castilla y León, especialmente por producirse en un ayuntamiento históricamente gobernado por el PSOE y pocas semanas después de la salida de Carlos Martínez de la alcaldía, cargo que ocupó durante casi dos décadas antes de dar el salto a la política autonómica.
Investigación en fase inicial
A la espera de que se levante el secreto de sumario, la investigación continúa en una fase preliminar. Las autoridades judiciales deberán determinar si las adjudicaciones y ayudas concedidas a la empresa vinculada anteriormente a la concejala se ajustaron plenamente a la legalidad o si existen indicios suficientes para ampliar las diligencias.
Por ahora, la única certeza es que la Guardia Civil ha puesto bajo la lupa la gestión del Área de Comercio del Ayuntamiento de Soria y que la recopilación de documentación podría resultar determinante para esclarecer los hechos investigados.

























































































































































































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