La Justicia abre curso inmersa en la polémica

La Justicia inaugurará este viernes, a las 12.00 horas, el curso inmersa en la polémica por el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está al borde del banquillo por presunta revelación de secretos, y por las críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los “jueces que están haciendo política”.

El acto de apertura judicial se celebrará, como todos los años, en el Tribunal Supremo, estará presidido por el Rey Felipe VI y contará con las intervenciones de García Ortiz y de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló. Asistirán a su vez magistrados del alto tribunal y del Tribunal Constitucional, así como otros miembros de la judicatura.

En esta ocasión, el descontento que en el arranque de cursos anteriores estaba provocado por el bloqueo en la renovación del CGPJ se ha trasladado a la figura de García Ortiz y a la del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

El enfado se centra en el fiscal general por su situación procesal, hasta el punto de que en el mundo judicial llegó a sopesarse alguna muestra pública de rechazo durante su discurso –como abandonar el Salón de Plenos–.

No obstante, distintas fuentes de la carrera judicial han asegurado a Europa Press que la presencia del Rey servirá para garantizar que se mantenga la institucionalidad en la apertura del año judicial y que las muestras de malestar se queden en comunicados o discursos institucionales. Así, han descartado cualquier posibilidad de boicot o de actuación pública.

Con todo, las fuentes consultadas han señalado que la molestia por la intervención del fiscal general es evidente entre los togados del Supremo, tribunal que le ha investigado y que tendrá que juzgarle.

Voces de la carrera judicial consideran que aunque el fiscal general conserva la facultad de acudir al acto, debería ausentarse y no leer la Memoria de la Fiscalía ante los magistrados que le abrieron causa el pasado octubre por presunta revelación de secretos contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En el ámbito político el malestar es expreso: el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que no acudirá a la apertura judicial –como hiciera el año pasado– al considerar que la presencia de García Ortiz es una “provocación”.

Los diez vocales del sector conservador del CGPJ también han hecho público su enfado, pero han optado por dirigir una carta a su presidenta para pedirle que actúe contra la presencia del fiscal general y del ministro de Justicia. Este jueves, veinticuatro horas antes del acto, los vocales conservadores han solicitado a Perelló que traslade a García Ortiz la “inconveniencia” de su intervención y a Bolaños su rechazo por los “ataques” a los jueces.

En el caso del fiscal general, los vocales conservadores consideran que no debería intervenir –como todos los años– al estar procesado por presunta revelación de secretos. Respecto al ministro, por su parte, entienden que debe evitarse que ocupe un lugar en los estrados para significar la separación de poderes y visibilizar el rechazo a los “ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del Ejecutivo”.

Dos horas después, nueve de los vocales que conforman el sector progresista del CGPJ han emitido un comunicado para respaldar la presencia de García Ortiz y Bolaños, al tiempo que han reivindicado la “normalidad institucional” frente a la “polaridad artificiosa que pueda empañar la ceremonia solemne”.

El ala progresista ha insistido en que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige que la presidenta del CGPJ y del fiscal general acudan al acto a presentar sus respectivas memorias anuales. Y ha recordado que la presencia del ministro de Justicia “responde a una costumbre constitucional consolidada propia de su posición institucional y de las altas responsabilidades que ejerce en el servicio público de la justicia”.

Por su parte, el vocal Carlos Hugo Preciado se ha desmarcado de ambos bloques y ha difundido un comunicado en solitario en el que ha expresado su “malestar” al considerar que no es “institucionalmente correcto que el CGPJ entre en el debate partidista”. Y ha recordado que el miércoles el Rey recibió “con absoluta normalidad” al fiscal general, por lo que ha abogado por “seguir ese ejemplo” y huir de “toda instrumentalización política” del Poder Judicial.

LA PRESENCIA DE GARCÍA ORTIZ, FUERA DE DUDA

Al margen de las voces que se han alzado en el CGPJ, este jueves la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales (AF) –las mayoritarias de ambas carreras– y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han emitido su propio comunicado para pedir a García Ortiz que no acuda a la apertura del año judicial.

Aunque la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) comparte la preocupación, ha recordado que, “conforme a la legalidad vigente, el fiscal general del Estado sigue ostentando el cargo y conserva íntegramente las facultades que le son propias, entre ellas la de intervenir en dicho acto solemne”.

Desde la Fiscalía General del Estado indican que García Ortiz está obligado a asistir a la apertura del año judicial para presentar la memoria anual del Ministerio Público, tal y como establece el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Las fuentes fiscales consultadas han subrayado, por ende, que la asistencia de García Ortiz no está en duda, ya que mientras sea fiscal general debe cumplir con las obligaciones y responsabilidades del cargo.

PENDIENTES DE LA PRESIDENTA DEL CGPJ

De momento, la presidenta del CGPJ no se ha pronunciado públicamente sobre la petición de los vocales conservadores. Se prevé que tome la palabra en el acto de este viernes después de que el fiscal general pronuncie su discurso y presente la Memoria Anual del Ministerio Público.

Será la segunda vez que Perelló inaugure un curso judicial. Doce meses han pasado desde que se estrenó en el cargo y advirtió de que “ningún poder del Estado” podía “dar instrucciones” a los magistrados.

En aquella ocasión, reclamó que se cesaran los “ataques injustificados” a los jueces y, desde entonces, ha tenido que reiterar su petición: el pasado junio denunció “la descalificación sistemática y vacía” contra los jueces.

Esta vez, la judicatura estará pendiente de sus palabras tras las peticiones de última hora, en busca de posibles mensajes al Gobierno y al propio fiscal general. No obstante, las fuentes consultadas han asegurado que Perelló mantendrá el tono institucional.

EL RESPALDO DEL GOBIERNO AL FISCAL GENERAL

En cuanto a la intervención de García Ortiz, cabe recordar que el año pasado abordó –entre otras cuestiones– la figura de la acusación popular y pidió limitarla para evitar su uso con “fines espurios”. En aquel momento, el Supremo aún no le había abierto causa.

En esta ocasión, el fiscal general afronta el nuevo curso judicial pendiente de seis acusaciones populares que reclaman para él entre cuatro y seis años de prisión y entre cuatro y 12 años de inhabilitación: el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), la propia Manos Limpias, la APIF, Foro Libertad y Alternativa, Hazte Oír y Vox.

Está previsto que el jefe del Ministerio Público enuncie su discurso a la espera del auto de apertura del juicio oral y de que el magistrado Ángel Hurtado –que estará presente en el acto– decida si le suspende del cargo de forma cautelar, como pide la APIF.

Con todo, García Ortiz llega al acto con el apoyo reiterado del Gobierno. El pasado 27 de agosto, al ser preguntado por la prensa sobre si la presencia del fiscal general en el acto eclipsaría la apertura del año judicial, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró que el jefe de los fiscales “está en plenitud de funciones” para asistir a esta ceremonia.