La Justicia tacha de “palmaria ausencia” de alertas a la población en la Dana y dice que las muertes se pudieron evitar

La jueza de Primera Instancia e Instrucción de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha destacado en un auto reciente la “palmaria ausencia de avisos a la población” durante la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afectó a la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre, resultando en 227 fallecidos. Según la magistrada, las muertes podrían haberse evitado si se hubieran emitido alertas oportunas que permitieran a la ciudadanía tomar medidas de protección.

La investigación se centra en el retraso del envío de mensajes de advertencia a la población. El sistema de alertas Es-Alert envió un SMS masivo a las 20:11 horas del día de la inundación, cuando el barranco del Poyo ya se había desbordado y numerosas localidades estaban inundadas. La exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, reconoció desconocer la existencia de Es-Alert, lo que justificó la demora en la emisión de la alerta. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, destituyó a Pradas cuatro semanas después de la catástrofe.

La jueza ha solicitado informes a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sobre las alertas emitidas y al servicio de emergencias 112 sobre las llamadas recibidas y los municipios que solicitaron ayuda durante la emergencia. Además, ha requerido a la Generalitat información sobre las autoridades que participaron en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) entre las 17:00 y las 20:11 horas del 29 de octubre, después de que se omitiera la presencia del presidente Mazón en la relación inicial de asistentes.

La magistrada ha decidido enfocar la investigación en los posibles delitos de homicidio y lesiones imprudentes, excluyendo aspectos como la ayuda tardía y la falta de coordinación entre administraciones, al considerarlos competencia de la jurisdicción contenciosa o del debate político.

La Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud, que agrupa a 380 miembros, ha presentado una querella suscrita por cien familias contra altos cargos de la Generalitat y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. La jueza ha solicitado a la asociación que identifique a sus miembros lesionados antes de decidir sobre la admisión a trámite de la querella.