La ley de multirreincidencia de Junts avanza

La reforma penal para aumentar el castigo a la multirreincidencia, que fue impulsada por Junts y que es una de las exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez, se ha aprobado este jueves por mayoría en la ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso tras introducirse media docena de cambios que los independentistas han pactado con PSOE y PP. En cambio, socios del Ejecutivo como Bildu y Podemos han hecho constar su rechazo a la reforma.

Esta proposición de ley, que reforma el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), fue registrada por Junts en marzo del pasado año y fue tomada en consideración seis meses después, pero se guardó durante meses en un cajón prorrogando cada semana el plazo de presentación de enmiendas parciales.

En marzo de este año se presentaron por fin las enmiendas, pero de nuevo entró en hibernación, y es que los socios de izquierda del Gobierno habían hecho saber su disconformidad con la reforma, que en cambio sí pedía el PP.

CESIÓN DEL PSOE ANTE LA RUPTURA DE JUNTS

Tras la ruptura del diálogo anunciada por Junts, el PSOE accedió a retomar la tramitación y este jueves se ha estado discutiendo en la ponencia de la Comisión de Justicia, que se reúne a puerta cerrada.

Fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que en la ponencia se han introducido media docena de enmiendas transaccionales que Junts ha pactado con el PSOE, dos de ellas, y también con el PP, las otras cuatro. La redacción resultante ha sido aprobada por mayoría, que no unanimidad, ya que al menos Bildu y Podemos han manifestado su voto en contra. Sumar y ERC se reservan su voto para la comisión.

El PNV, que también había reclamado esta reforma al presidente Sánchez, ha participado en la redacción de las enmiendas transaccionales al considerar que “permitirá reducir los casos que tanto inquietan a la ciudadanía en varios municipios de Euskadi”. “La seguridad es una de las cuestiones que más preocupación genera en la sociedad vasca y el PNV ha asumido el reto de afrontar esta cuestión con serenidad y sin alarmismos, pero tomando decisiones que ayuden a combatir la multirreincidencia delictiva”, ha resumido el portavoz nacionalista, Mikel Legarda.

El siguiente paso será debatir el informe de la ponencia en la Comisión de Justicia, ya en sesión pública, lo que se calcula para la semana del 17 de diciembre. Y de ahí irá al próximo Pleno del Congreso, ya sea en enero o en febrero al reanudarse la actividad ordinaria.

EJES DE LA REFORMA

La reforma penal de Junts impondrá una multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excede de 400 euros, pero el castigo del hurto podrá ampliarse a una pena de prisión de uno a tres años si concurren circunstancias como haber sido condenado ejecutoriamente por otros tres delitos menos graves.

Y ahora, a instancias de y Junts, se añade otro agravante para elevar la pena: sustraer un móvil u otro aparato informático con datos personales. No se aplica en el caso de hurtos de móviles nuevos en una tienda.

En otra enmienda pactada con PP, PSOE y PNV, se entiende la previsión del castigo por multirreincidencia a los casos de estafa, con ánimo de lucro, “cuando se utilizaren engaño bastante para producir error en otro”. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre este y el defraudador, los medios empleados por este y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.

Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses, salvo si concurriere alguna de las circunstancias del artículo 250. No obstante, en el caso de que el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos de la misma naturaleza, comprendidos en este título, y siendo al menos uno de ellos leve, se impondrá la pena del apartado primero” de este artículo. No se tendrán en cuenta los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo.

ALEJAMIENTO DEL DELINCUENTE

Una modificación pactada con el PSOE y el PNV permite imponer al cautelarmente al delincuente “la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o comunidades autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas”.

Por último, mediante una enmienda ‘in voce’ acordada por PP, PNV y Junts, se establece una pena de prisión de uno a cinco años a por el llamado ‘petaqueo’ que ‘resta apoyo logístico a las narco lanchas al castigarse “la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos” contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general.