La UCO apunta a que el novio de Ayuso facturó presuntamente a Quirón por trabajos que no podía realizar

La investigación judicial sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado un nuevo paso tras la entrega de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se cuestiona la actividad desarrollada por una de sus empresas para el grupo sanitario Quirón.

Según las conclusiones preliminares de los investigadores, la sociedad Masterman SL carecía de los medios humanos y materiales necesarios para llevar a cabo los trabajos de consultoría que posteriormente facturó a empresas vinculadas a Quirón. La documentación analizada por la Guardia Civil apunta a que la mercantil no disponía de personal suficiente ni de una estructura técnica capaz de justificar los servicios prestados por importes cercanos a los 400.000 euros.

Una empresa sin estructura para prestar los servicios

El informe elaborado por la UCO analiza la actividad de Masterman SL durante los años en los que recibió importantes pagos procedentes del grupo sanitario. Los agentes sostienen que la empresa presentaba una estructura mínima y que los recursos disponibles resultaban incompatibles con el volumen y complejidad de los trabajos supuestamente realizados.

La Guardia Civil considera especialmente relevante esta circunstancia porque los contratos investigados constituyen uno de los principales elementos de la pieza separada abierta por presunta corrupción en los negocios. Los investigadores tratan de determinar si los pagos respondían realmente a servicios prestados o si pudieron tener otra finalidad económica.

El foco sobre las relaciones con Quirón

La investigación se centra en las relaciones comerciales mantenidas durante años entre González Amador y directivos de Quirón Prevención, especialmente con Fernando Camino, alto cargo de la compañía y uno de los principales responsables de la contratación de servicios externos.

Los investigadores examinan diversos contratos y operaciones mercantiles que, a su juicio, podrían estar conectados entre sí. Entre ellas figura la adquisición por parte de González Amador de una sociedad vinculada a la esposa de Camino por un importe de 500.000 euros. La Fiscalía y la UCO sospechan que dicha operación podría haber servido para encubrir una comisión relacionada con los negocios desarrollados entre ambas partes.

La Audiencia Provincial de Madrid ya rechazó recientemente los intentos de la defensa de González Amador de paralizar esta línea de investigación, avalando que la Guardia Civil continúe analizando el origen y destino de los fondos investigados.

Rastreo de cuentas y movimientos financieros

En paralelo al informe sobre la actividad de Masterman SL, el juez Antonio Viejo ha autorizado a la UCO a acceder a información bancaria de González Amador, de otras personas investigadas y de sociedades vinculadas a la causa. El objetivo es reconstruir el patrimonio de los implicados y comprobar si se produjo un incremento patrimonial que pueda estar relacionado con los hechos investigados.

La autorización judicial afecta a numerosas entidades financieras y permite examinar movimientos bancarios desde 2014. Según el magistrado, esta medida resulta necesaria para determinar si las relaciones comerciales investigadas tuvieron repercusiones patrimoniales relevantes y para identificar posibles flujos de dinero relacionados con las operaciones bajo sospecha.

Una investigación con varias derivadas

La causa se suma a otras investigaciones que afectan a González Amador. Por un lado, continúa pendiente el procedimiento relacionado con presuntos delitos fiscales derivados de facturas supuestamente falsas utilizadas para reducir el pago de impuestos. Por otro, los investigadores mantienen abiertas diversas líneas de trabajo relacionadas con operaciones realizadas durante la pandemia y con sus relaciones empresariales con compañías vinculadas al grupo Quirón.

El nuevo informe de la UCO refuerza el interés de los investigadores por determinar si los servicios facturados por Masterman SL respondían a una actividad real o si formaban parte de una operativa destinada a justificar pagos cuya finalidad efectiva todavía se encuentra bajo investigación. Mientras tanto, la instrucción continúa abierta y tanto la Fiscalía como la Guardia Civil siguen recabando documentación financiera y mercantil para esclarecer el alcance de los hechos.