La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal incorpora al sumario del caso Plus Ultra nuevos informes sobre tres transferencias por un total de 200.000 euros recibidas en 2024 desde una consultora peruana, en el marco de la investigación sobre posibles labores de mediación internacional del expresidente del Gobierno.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha incorporado nuevos elementos a la investigación que afecta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Según diversos informes policiales incorporados al sumario del denominado caso Plus Ultra, los investigadores analizan el cobro de 200.000 euros procedentes de una consultora peruana y estudian si dichos pagos estuvieron relacionados con labores de influencia política y mediación internacional en favor de intereses empresariales en Bolivia.
La investigación se centra en tres transferencias realizadas durante 2024 por la empresa peruana Focus Social Research SAC, una consultora especializada en asesoramiento empresarial. Según la documentación analizada por la UDEF, estas transferencias sumaron un total de 200.000 euros y fueron ingresadas en cuentas vinculadas al expresidente. Los investigadores intentan determinar si estos pagos respondían exclusivamente a trabajos de consultoría o si estaban vinculados a gestiones realizadas ante autoridades bolivianas en beneficio de un importante grupo empresarial peruano.
La hipótesis policial: influencia política a cambio de asesoramiento
Según la línea de investigación desarrollada por la UDEF, los pagos podrían estar relacionados con actuaciones destinadas a favorecer los intereses del Grupo Gloria, uno de los mayores conglomerados empresariales de Perú, en distintos procedimientos abiertos en Bolivia. Los investigadores sostienen que Zapatero habría utilizado su experiencia política y sus contactos internacionales para facilitar interlocución con responsables institucionales bolivianos.
El informe policial analiza especialmente un conflicto empresarial de gran relevancia económica en Bolivia relacionado con el sector cementero y con diversos litigios que afectan a compañías vinculadas al grupo peruano. Los investigadores consideran que determinadas reuniones y contactos mantenidos por el expresidente podrían estar relacionados con esos intereses empresariales.
Las preguntas del juez sobre los 200.000 euros
Durante su declaración como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, Zapatero fue preguntado específicamente por estos pagos. Según los audios de la declaración conocidos posteriormente, el magistrado solicitó explicaciones sobre la naturaleza concreta de los trabajos realizados para la consultora peruana y sobre el destinatario final de los servicios prestados.
Sin embargo, el expresidente evitó profundizar en este asunto. Ante las preguntas del juez, se limitó a señalar que existía un contrato de asesoramiento con la empresa peruana y rechazó ofrecer más detalles sobre las actividades desarrolladas. Según consta en la transcripción, Zapatero argumentó que el asunto no formaba parte del núcleo principal de la investigación y que toda la información relevante figuraba en el contrato suscrito con la consultora.
La versión de la defensa
El entorno del expresidente sostiene que los ingresos recibidos fueron completamente legales y declarados ante la Agencia Tributaria. Según esta versión, los pagos procedentes de Focus Social Research correspondían a actividades habituales de consultoría internacional desarrolladas por Zapatero desde que abandonó la Presidencia del Gobierno.
La consultora peruana figura entre las entidades que realizaron pagos por actividades profesionales vinculadas a conferencias, asesoramiento estratégico, mediación internacional y análisis político. La defensa rechaza cualquier vinculación entre estos contratos y posibles actividades ilícitas de tráfico de influencias.
Una investigación con ramificaciones internacionales
La investigación dirigida por el juez Calama ha ampliado progresivamente su alcance durante los últimos meses. Además de las relaciones con empresas españolas, los investigadores examinan movimientos financieros procedentes de distintos países y contratos de asesoramiento internacional suscritos por el expresidente tras abandonar la política activa.
Los informes policiales sitúan bajo análisis diversas transferencias económicas recibidas entre 2020 y 2025. Entre ellas figuran los 200.000 euros procedentes de la consultora peruana, una de las operaciones que la Policía considera relevantes para reconstruir la actividad profesional y financiera desarrollada por Zapatero durante los últimos años.
La causa sigue en fase de instrucción
Por el momento, la investigación continúa en fase de instrucción y no existe ninguna resolución judicial firme sobre estos hechos. Las conclusiones recogidas por la UDEF constituyen hipótesis policiales que deberán ser valoradas por la Audiencia Nacional junto con el resto de pruebas incorporadas al procedimiento.
La investigación mantiene abiertas varias líneas de trabajo para determinar si los pagos recibidos por el expresidente respondían exclusivamente a actividades profesionales legítimas o si, por el contrario, podrían estar relacionados con actuaciones de influencia política en favor de intereses empresariales internacionales.

























































































































































































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