La UE alerta sobre la corrupción en España

La Comisión Europea ha lanzado este martes un serio aviso a España: la percepción de la corrupción entre los ciudadanos españoles ha registrado un “aumento significativo” en el último año y persiste, a ojos de Bruselas, una preocupante falta de ambición política para atajar el problema de manera estructural. Así figura en el informe anual sobre el Estado de Derecho, presentado este martes en Bruselas, en el que el Ejecutivo comunitario dedica varios párrafos críticos a la situación española.

España, señala el documento, continúa exhibiendo “riesgos elevados de corrupción” en sectores clave como la contratación pública o la financiación de los partidos políticos. Aunque reconoce avances parciales, la Comisión advierte que no existe todavía una estrategia nacional integral contra la corrupción, a pesar de las reiteradas recomendaciones europeas en años anteriores y de las exigencias derivadas de la Directiva sobre protección de denunciantes, que España debía haber transpuesto completamente hace meses.

Contratación pública y financiación política, en el foco

La Comisión destaca, en particular, las irregularidades que siguen afectando a la contratación pública, donde se concentran la mayoría de las denuncias recibidas. Según datos citados en el informe, alrededor de dos tercios de las quejas tienen que ver con adjudicaciones presuntamente irregulares, sobrecostes o conflictos de interés. Bruselas reclama controles más estrictos, mayor transparencia en los procesos y mecanismos efectivos de prevención de la corrupción.

Otro de los puntos negros que identifica el informe es la financiación de los partidos políticos. La Comisión lamenta que no se hayan materializado reformas para dotar de mayor transparencia y control el uso de los recursos públicos y privados en las campañas electorales. Ni el Tribunal de Cuentas ni otras instituciones de control cuentan, a juicio de Bruselas, con medios suficientes para garantizar investigaciones exhaustivas ni para sancionar irregularidades con la rapidez que exige la normativa europea.

Procesos judiciales eternos y politización

El documento subraya, además, el problema crónico de la lentitud judicial en España, en especial en los casos de corrupción de alto nivel. “Persisten retrasos significativos en la tramitación y resolución de estos casos, lo que repercute directamente en la confianza de los ciudadanos en las instituciones”, advierte el informe. Bruselas insta a España a acelerar estos procesos para evitar la sensación de impunidad y reforzar la confianza pública en el sistema judicial.

En paralelo, el Ejecutivo comunitario recuerda que siguen sin completarse reformas clave en el ámbito judicial, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la reforma del método de elección de sus vocales para reforzar la independencia del poder judicial. La politización en la designación de altos cargos sigue siendo, según Bruselas, una de las mayores asignaturas pendientes de España.

Retroceso en los índices internacionales

Los datos del último Eurobarómetro, así como del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, confirman el deterioro de la imagen de España en materia de integridad pública. El país ha retrocedido varios puestos en el ranking europeo y global, alimentando la preocupación de la Comisión Europea sobre la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

La situación ha tenido ya consecuencias económicas tangibles. Bruselas mantiene congelados más de 1.100 millones de euros de los fondos europeos de recuperación, precisamente por dudas sobre la eficacia en la gestión, la transparencia y el cumplimiento de compromisos anticorrupción. El mensaje de la Comisión es claro: sin avances reales en el refuerzo de los controles y en la lucha contra la corrupción, esos recursos podrían quedar definitivamente comprometidos.

La exigencia de un plan nacional

La Comisión concluye su informe con un llamamiento directo a las autoridades españolas para que aprueben, sin más demoras, una estrategia nacional contra la corrupción que incluya reformas legislativas profundas en áreas como el acceso a la información pública, los conflictos de interés, la protección de los denunciantes y la financiación de los partidos políticos.

En palabras de un alto funcionario comunitario consultado por este diario, “España no puede conformarse con cambios parciales o meramente formales; es necesaria una política ambiciosa y coherente para cortar de raíz las prácticas corruptas y para devolver a los ciudadanos la confianza en sus instituciones.”

Bruselas seguirá vigilante y no descarta incluir nuevas recomendaciones específicas para España en los próximos meses, en función de la evolución de las reformas pendientes. Mientras tanto, la percepción de la corrupción sigue creciendo, y con ella, el riesgo de que la distancia entre la clase política y los ciudadanos se agrande aún más.