La UPL propondrá referéndum sobre la Región Leonesa

La Unión del Pueblo Leonés (UPL), formación leonesista con arraigo en las provincias de León, Zamora y Salamanca, ha anunciado que defenderá en el próximo pleno de las Cortes de Castilla y León una moción para instar al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a proponer la celebración de una consulta popular en esas tres provincias sobre la creación de una comunidad autónoma para la Región Leonesa.

La propuesta se articula dentro de la legalidad constitucional y estatutaria, apuntando al artículo 2 y al artículo 143 de la Constitución española como sustento jurídico. Según la UPL, esta iniciativa responde al reclamo ciudadano expresado en más de 70 ayuntamientos que ya han aprobado mociones en favor de la autonomía leonesa.

Argumentos de la UPL

Para la UPL, detrás de esta reivindicación no solo hay motivaciones identitarias y culturales, sino asimismo razones socioeconómicas. La formación apunta que la Región Leonesa arrastra, desde su incorporación a Castilla y León, indicadores negativos respecto a despoblación, envejecimiento, renta per cápita y pérdida de población que no se han revertido.

Además, sostienen que muchos ciudadanos leoneses manifestaron en encuestas su respaldo a la autonomía: según datos citados por UPL, «7 de cada 10 ciudadanos de la provincia de León estaban a favor» de esta reivindicación.

Asimismo, la UPL pretende que, si el referéndum se celebra y obtiene un resultado favorable, ello sirva como aval político para impulsar las reformas necesarias: modificación del Estatuto de Autonomía, disolución o reordenamiento de la estructura territorial actual y aprobación de una ley orgánica en el Congreso.

No obstante, la UPL reconoce que la consulta no sería jurídicamente vinculante: sería un instrumento de carácter simbólico y político que no obligaría por sí solo a los legisladores a aceptar su resultado. En caso de seguir adelante, el proceso requeriría apoyos importantes en las Cortes autonómicas (posible reforma del Estatuto, cambio del mapa autonómico) y luego la intervención del Parlamento nacional mediante una ley orgánica que materialice la nueva comunidad autónoma.