La votación del 9N cumple 10 años con un independentismo dividido y los socialistas en el poder

El proceso participativo del 9N de 2014, impulsado por el entonces presidente del Govern, Artur Mas, cumple este sábado una década en un contexto político marcado por la división en el independentismo y con los socialistas en el poder, con Salvador Illa al frente del Palau de la Generalitat.

Más de 5,4 millones de catalanes mayores de 16 años fueron llamados a participar en la votación para responder a una doble pregunta: ‘¿Quiere que Catalunya sea un Estado? –con dos opciones, ‘sí’ y ‘no’–, y los que optaran por el ‘sí’ debían responder a una segunda cuestión: ‘¿Quiere que este Estado sea independiente?’.

Las urnas, a las que acudieron más de 2,3 millones de personas, arrojaron que el 80,76% de los ciudadanos que participaron votaron ‘sí’ a las dos preguntas, mientras que el ‘sí-no’ contó con el apoyo del 10,07% y el ‘no’ llegó al 4,45%.

Fue el 12 de diciembre de 2013 cuando Mas y los entonces líderes de CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP anunciaron una consulta de autodeterminación para el 9 de noviembre del año siguiente. Intentaron celebrarla por dos vías: pidiendo al Congreso que cediera a la Generalitat la competencia para celebrar referéndums, y desarrollando después una Ley catalana de Consultas no Refrendarias.

RECHAZO DEL CONGRESO
La Cámara Baja rechazó la proposición de ley del Parlament para pedir autorización para convocar un referéndum, lo que llevó a la Cámara catalana a agilizar la elaboración de una Ley de consultas.

El 19 de septiembre de 2014, 106 de los 135 diputados del Parlament aprobaron la Ley de Consultas no Refrendarias, norma de la que se sirvió Artur Mas el mismo 27 de septiembre para firmar un decreto de convocatoria en el que llamaba a los catalanes a participar en una consulta sobre el futuro político de Catalunya el 9 de noviembre.

Pocos días después, el Gobierno de Mariano Rajoy recurrió ese decreto ante el Tribunal Constitucional (TC), que ese mismo día se reunió de urgencia para suspender el decreto de convocatoria y parte de la Ley de Consultas.

SIN CAMPAÑA INSTITUCIONAL
Tras suspender la campaña institucional, el Govern inició los contactos para consensuar con las fuerzas proconsulta la respuesta a ese recurso, culminando en tres cumbres que acabaron con la ruptura de la unidad tras un encuentro en el Palau de Pedralbes.

Mas comunicó entonces al resto de fuerzas que no podía celebrar el 9N en base a la Ley de Consultas, y planteó un escenario alternativo que en un primer momento rechazaron ERC, ICV-EUiA y CUP, llevando a Mas a reconocer que se había roto el consenso.

Un día después, Mas compareció para explicar públicamente su alternativa para llevar a cabo el 9N, un proceso participativo con urnas y papeletas en base al marco general de competencias de “fomento de la participación ciudadana” como paso previo a una ‘consulta definitiva’ en forma de elecciones plebiscitarias.

SE RECOMPUSO LA UNIDAD
Pese a las críticas iniciales, tras introducir algunos cambios, ERC, ICV-EUiA y CUP se sumaron de nuevo al proceso participativo, así como las entidades sociales del Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

Los cambios en el proceso despertaron recelos del Gobierno central encabezado por Rajoy, que acusó al Govern de realizar una consulta encubierta y presentó un nuevo recurso ante el TC, que suspendió la jornada.

CONSECUENCIAS JUDICIALES
El 9N tuvo consecuencias judiciales para algunos de sus impulsores, como Mas, la entonces vicepresidenta Joana Ortega, la titular de Educación Irene Rigau y el conseller de Presidencia Francesc Homs.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenó a Mas con 2 años de inhabilitación y una multa de 36.500 euros; a Ortega, a 1 año y 9 meses de inhabilitación y 30.000 euros, y a Rigau, a 1 año y 6 meses de inhabilitación y 24.000 euros.

En 2015, el TC declaró inconstitucionales los actos impugnados del 9N, argumentando que no corresponde a las comunidades convocar consultas que afectan al orden constitucional.

Tres años después, el Tribunal de Cuentas condenó a los dirigentes a pagar 4,9 millones de euros por responsabilidad contable.