Las medidas del plan de “democratización” de Sánchez: del registro de medios a reformas legales para “perseguir la desinformación”

El pasado mes de abril, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sorprendió a la ciudadanía anunciando que se tomaría un descanso. “Necesito parar y reflexionar”, declaró, generando gran expectación sobre su futuro político. Durante los cinco días que duró su retiro, surgieron especulaciones sobre su posible dimisión, avivadas por las investigaciones abiertas contra su esposa, Begoña Gómez.

A su regreso, Sánchez reafirmó su compromiso de seguir al frente del Ejecutivo y presentó una nueva iniciativa: el ‘Plan de Acción por la Democracia’, cuyo objetivo principal es “lograr más transparencia y rendición de cuentas”. Esta propuesta surgió como respuesta a la creciente preocupación por el impacto de los bulos y la desinformación en el debate político. “Si permitimos que los bulos dirijan el debate político (…) la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia”, advirtió Sánchez en ese momento.

El plan fue anunciado oficialmente en julio, cuando el presidente compareció ante el Congreso de los Diputados para detallar su propuesta de “fortalecer la democracia”. Entre las medidas, se destacan la transparencia, la independencia de los medios de comunicación y la lucha contra la desinformación.

Medidas clave del plan ‘antibulos’

El ‘Plan de Acción por la Democracia’, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, introduce una serie de cambios tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo, además de imponer nuevas exigencias a los medios de comunicación. Según el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se trata de una “hoja de ruta con 31 medidas que el Gobierno implementará a lo largo de la legislatura”. El propósito, ha afirmado, es “reforzar la limpieza de la democracia y dotar de mayor transparencia al ecosistema mediático”.

Para supervisar la aplicación de este plan, se creará una comisión interministerial que se reunirá cada tres meses, durante los próximos tres años, para asegurar su cumplimiento.

Poder ejecutivo

Entre las medidas del plan que afectan al poder ejecutivo destacan:

• Aprobación de una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto.
• Promulgación de una nueva Ley de Administración Abierta, destinada a mejorar la calidad de la información gubernamental y su accesibilidad.

Poder legislativo

Para el poder legislativo, el plan propone las siguientes reformas:

• Modificación de los reglamentos del Congreso y del Senado para endurecer las sanciones a los diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y actividades, o lo hagan con información falsa o incompleta.
• Establecimiento de la obligatoriedad de los debates electorales.
• Incorporación de microdatos y metodologías de estimación en todas las encuestas electorales públicas.
• Impulso de una ley de grupos de interés.

Medios de comunicación

Uno de los puntos más relevantes del plan está dirigido a los medios de comunicación, con el fin de fomentar la transparencia y el pluralismo. Según lo anunciado por Sánchez en julio, el plan está alineado con el nuevo Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación. “Hacer política mediática significa elaborar un marco legal que garantice el derecho a una información plural, veraz y de calidad”, señaló el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Entre las principales medidas aprobadas, se incluyen:

• Limitar la financiación pública destinada a los medios de comunicación.
• Intervenir en favor de los medios de comunicación que cumplan con los estándares de pluralismo y veracidad.
• Creación de un registro de medios de comunicación que incluya información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben, regulado por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC).
• Actualización de la Ley de Publicidad Institucional, vigente desde hace 20 años.
• Protección de la independencia editorial y de los derechos de los profesionales de la información.
• Establecimiento de mecanismos de defensa del pluralismo y la competencia para evitar la concentración de medios.
• Asegurar los derechos de los medios y de los consumidores frente a grandes plataformas digitales.
• Una ayuda de 100 millones de euros destinada a la digitalización de los medios, que incluirá el desarrollo de bases de datos, herramientas de productividad y ciberseguridad.
• Reforzar los derechos al honor y a la rectificación de los ciudadanos.
• Reforma de la conocida como Ley Mordaza en lo relativo a la libertad de expresión.
• Protección a los periodistas frente al acoso externo por el desempeño de su labor.

Además, el plan prevé la eliminación del delito de ofensas religiosas, tipificado en el Código Penal, y la obligatoriedad de que los medios informen sobre quiénes son sus propietarios.