Leire Díez pide la nulidad de audios aportados a la causa pero el juez accede a reproducirlos antes de interrogarla

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La exmilitante del PSOE Leire Díez ha pedido al juez que la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho que declare nulos audios de la causa, como el aportado por el fiscal Ignacio Stampa. No obstante, el instructor ha decidido reproducirlos antes de que tanto ella como el empresario Javier Pérez Dolset declaren este lunes como imputados.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la exmilitante solicita al juez Arturo Zamarriego que decrete “la nulidad de la totalidad de las grabaciones y de cuanto de ellas se derive, expulsándose las mismas de las actuaciones” y que no se reprodujeran.

Se refiere a las grabaciones de Stampa sobre una reunión que tuvo con el fiscal en la que se oye a Díez presentarse como “la persona del PSOE”. La exconcejal del PSOE entiende que “son nulas de pleno derecho, por cuanto las mismas fueron realizadas por un funcionario público miembro del Ministerio Fiscal como parte de una supuesta investigación extraprocesal y prospectiva que este llevó a cabo, sin auto habilitante”.

Además, duda de que “se realizaran el día en que tuvo lugar dicha reunión ni reproduzcan en su integridad el contenido de la misma o no hayan sido manipuladas”.

Y reclama que se decrete la nulidad igualmente de la efectuada en el despacho del abogado Jacobo Teijelo, en la que se habrían ofrecido favores al empresario investigado Alejandro Hamlyn a cambio de información comprometedora sobre cargos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Según critica, la grabación se realizó también “sin conocimiento ni consentimiento de los intervinientes” y se dio a conocer un “contenido parcial de una reunión privada, realizada en un despacho de abogados, debidamente identificado como tal, dado de alta como tal”, en la que se habló de “cuestiones de estrategia, como manifestó Teijelo”.

Díez considera que esas grabaciones constituyen una intromisión ilegítima en los derechos a la intimidad, al honor y a la propia imagen de los afectados, a la protección de datos y al secreto profesional y confidencialidad de las comunicaciones, “por cuanto se realizan subrepticiamente en un ámbito privado”.

El juez ha decidido reproducir los audios aportados por Stampa antes de interrogar a Díez y Pérez Dolset, por lo que ha acordado que ambos investigados entren a la sala de audiencias para que escuchen la grabación junto a todas las partes –defensas y acusaciones– como paso previo a las declaraciones.

Zamarriego acordó la imputación de Díez al considerar que es la cabecilla de un grupo que buscaba información sobre mandos de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción. Para el juez, la exmilitante socialista “lidera” una “actuación delictiva, continuada y coordinada” con Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol –el tercer investigado– para “recabar información comprometida o irregular” con el fin de “anular o malbaratar” investigaciones en “casos relevantes que afectan a políticos y empresarios”, según expuso en un auto.

Las pesquisas que dirige el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid parten de varias denuncias contra la exmilitante socialista después de que se dieran a conocer los audios en los que se la escucha ofrecer favores a Hamlyn a cambio de información sensible.

EN NOMBRE DE “ALTAS INSTANCIAS DEL ESTADO”

Además, el juez acabó incorporando las denuncias presentadas por los fiscales Stampa y José Grinda, que denunciaron un presunto intento de soborno por parte de los investigados.

La Fiscalía reclamó al instructor que uniera las denuncias al entender necesario investigar los hechos “conjuntamente” porque “el patrón de actuación es exactamente el mismo”.

El fiscal Juan Pablo Nieto indicó en un recurso que es “fundamental” la “singularidad de que estas presuntas ofertas de soborno tienen como fuerza principal, que les da credibilidad, la supuesta apariencia que ha conseguido crear la señora Leire Díez, de que ella habla en nombre de altas instancias del Estado”.

A su entender, es “evidente” que la conexión entre los denunciados –Díez, Pérez Dolset y Rusiñol– trata presuntamente de “manipular pleitos heterogéneos que unas veces afectan a políticos y otras a empresarios, pero los tres colaborarían en un plan delictivo unidos por la coincidencia y necesidad de denigrar a las dos instituciones mencionadas”, en referencia a la UCO y Anticorrupción.

SÁNCHEZ DIO “ORDEN DE LIMPIAR SIN LÍMITES”

Según la grabación aportada por el fiscal Stampa, la principal investigada mantuvo una reunión con él el pasado 7 de mayo en busca de información sensible junto a Pérez Dolset y el empresario Luis del Rivero, en la que Díez se presentó como “mano derecha” del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y como “la persona que ha puesto el PSOE”. “Yo traslado luego”, aseguró.

Díez aseguró que el encuentro era “estrictamente confidencial”. “Es una reunión que se queda aquí, pero digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto”, manifestó.

Y Pérez Dolset afirmó que cuando se conoció la imputación de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, “el presidente ya dijo que se limpie todo”, “sin límite”. “Los policías que falsifiquen informes, fuera. Los fiscales que oculten pruebas, fuera. Los tíos que fabriquen causas, fuera. Y la politización del sistema judicial”, dijo.

Ambos aseguraron a Stampa que tanto Sánchez como el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, serían informados del encuentro. “Lo sabrán”, garantizó.

EL TERCER INVESTIGADO YA HA DECLARADO

El periodista Pere Rusiñol negó ante el juez haber intermediado para hacer llegar a Grinda un presunto soborno por parte de la exmilitante socialista. Reconoció que llevó un documento a la reunión que tuvo con el fiscal anticorrupción el pasado 27 de febrero, pero dijo que era para contrastar información como periodista.

También han comparecido, como testigos, los fiscales que denunciaron un presunto soborno, que ratificaron sus denuncias ante el juez: José Grinda declaró que Rusiñol le dijo que Díez tenía peso en el PSOE e Ignacio Stampa afirmó que la exmilitante le mencionó que el presidente del Gobierno estaba preocupado por “las saunas” de su suegro y había dado la “orden” de “limpiar sin límites”.

Por su parte, el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el ‘caso Koldo’, aseguró que Díez le comentó que habría una purga en la Benemérita y que sería recompensado. Según dijo, le ofrecieron un ascenso y pagarle su defensa.

El abogado Teijelo, que ejerce la defensa de Cerdán en el ‘caso Koldo’ y en cuyo despacho se celebró una de las reuniones de la exmilitante socialista, se acogió al secreto profesional para no responder.

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