Miembros del CGPJ protestan por la exclusión del rey de un acto tradicional en Barcelona

Vocales del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) manifiestan en la Comisión Permanente de este órgano que se celebra hoy su indignación por lo que consideran una exclusión del rey Felipe VI del acto de entrega de despachos a los nuevos jueces y pedirán explicaciones por lo ocurrido. Algunos apuntan al Ejecutivo de Pedro Sánchez como responsable de esa decisión.

La noticia ha causado indignación también en un amplio sector de la carrera y de forma especial en la Escuela Judicial, ya que la presencia de Felipe VI en el acto del próximo viernes incluso constaba en las tarjetas de invitación que habían llegado durante las últimas semanas. Entre los calificativos utilizados para comentar lo ocurrido destacan los de “escandaloso” y “lamentable”.

La mayoría de los consultados también lamentan la falta de explicaciones convincentes al respecto y no parece satisfacerles la excusa de un problema de seguridad, puesto que esa misma seguridad es necesaria para el resto de autoridades que sí han confirmado su asistencia, como son el propio presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lemes; la fiscal general del Estado, Dolores Delgado y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, así como la de un grupo de ocho o nueve vocales que tienen previsto desplazarse a Barcelona para el evento.

 José María Macías, designado a propuesta del PP, en una entrevista concedida a la Cadena Ser ha asegurado que, tras la confirmación inicial, se recibió una segunda comunicación por parte de Casa Real en la que se indicaba que su majestad no podía participar en el acto. “Hasta donde yo conozco y he sido informado, la razón indicada en la comunicación es que el Gobierno no lo autorizaba”, afirma este vocal, que es uno de los que plantean que mañana la Permanente trate el asunto aunque no figure en el orden del día de la reunión.

Otros jueces y fiscales consultados van más allá y plantean incluso que el acto del viernes debe ser suspendido para ser celebrado con el Rey en otra localidad, al igual que ocurrió el año pasado, donde la excusa cambiar la sede habitual del acto fueron los 40 años de celebración de la Constitución.

Consideran lo ocurrido una “afrenta para la mitad de los catalanes que no aspiran a independizarse“, según asegura otro magistrado, y que “no logran zafarse nunca de que el Estado se licué en Cataluña hasta desaguar su presencia por completo, dejando a los nacionalistas como única referencia de poder allí”.

Otros magistrados consultados, sin embargo, señalan que quizá la asistencia del Rey al acto del viernes no sea en este momento lo más “conveniente” teniendo en cuenta lo ocurrido hace dos años, con motivo de la última entrega de despachos en Barcelona, cuando se produjeron altercados en torno al Auditorio donde se celebraba un acto que debe tener carácter solemne. Desvinculan en todo caso lo ocurrido con una posible “cesión” al independentismo como apuntan desde la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez.