Monaco vota su Consejo Nacional con la medida de “Estado asociado” de la UE

Dos listas se presentan a estas elecciones, la Union Nationale Monegasque (UNM) y Nuevas Ideas para Mónaco (NIM).

En el papel de favorito se encuentra la UNM, con 13 diputados salientes encabezados por Brigitte Boccone-Pagès, exprofesora de 63 años y primera mujer elegida presidenta del Consejo Nacional desde su creación en 1911.

En la oposición, la coalición NIM, dirigida por el actual rector del Consejo, Daniel Boéri, de 78 años, antiguo miembro de la mayoría. A la cabeza de una lista con solo 14 elementos, Boéri admite que tuvo “dificultades” para recrear las candidaturas, debido a una “presión extraordinaria”. Espera distinguirse por la “visión” que propone, aunque admite que de estas dos listas “no puede decirse que tengan distinciones ideológicas, sino más bien filosóficas”.

Al igual que Andorra y San Marino, Mónaco mantiene negociaciones con la UE desde marzo de 2015 para firmar un acuerdo de asociación. El objetivo es facilitar la vida de los ciudadanos y las empresas en el mercado interior europeo. El mayor reto es aumentar el atractivo económico de Mónaco.

El acuerdo eliminaría, por ejemplo, los obstáculos con los que se  encuentran los agentes económicos monegascos para acceder al mercado interior europeo, garantizando una mayor seguridad jurídica en las operaciones comerciales. Según el Gobierno monegasco, un entendimiento con Bruselas permitiría también a los monegascos circular más fácilmente dentro de la Unión Europea y a los estudiantes asistir a universidades europeas sin coste adicional.

No obstante, el Consejo Nacional ha puesto límites a la negociación, imponiendo normas sobre el mantenimiento de la preferencia nacional en todos los ámbitos, el mantenimiento del acceso exclusivo de los nacionales a las viviendas sociales, el acceso exclusivo de los monegascos a determinadas profesiones, la autorización previa obligatoria para que los residentes y las empresas se instalen en territorio monegasco y el mantenimiento del régimen declarativo para los monegascos.

En un comunicado de prensa emitido en el verano de 2022, el Consejo Nacional de Mónaco indicó que proseguían las conversaciones “con vistas a concluir las negociaciones sobre un posible acuerdo de asociación a finales de 2023”. Este es también el deseo del Consejo de la Unión Europea. Se espera que el ritmo de las negociaciones se acelere con una reunión mensual entre ambas partes.

Si se llega a un acuerdo, Mónaco tendrá estatuto de “Estado asociado” de la Unión Europea

Los monegascos votan  para elegir el Consejo Nacional, el Parlamento de Mónaco. El segundo Estado más pequeño del mundo después del Vaticano es una monarquía hereditaria y constitucional en la que el poder legislativo lo ejercen conjuntamente el Príncipe Alberto II y el Consejo Nacional.

También llamado Asamblea monegasca, el Parlamento unicameral del principado está compuesto por 24 miembros elegidos por sufragio universal para un mandato de cinco años. Es el principal órgano representativo de la población, vota las leyes propuestas por el Gobierno. Actualmente está presidido por Brigitte Boccone-Pagès.

De los aproximadamente 38 000 habitantes del pequeño principado de 2,02 km², situado en plena Costa Azul y a 30 kilómetros de Italia, sólo el 20 % tiene derecho a voto. Hay unos 7 600 electores que cumplen dos condiciones: tener al menos 25 años y ser de nacionalidad monegasca.

Los consejeros votan las leyes y el presupuesto, pero no pueden cuestionar la responsabilidad política del Gobierno ni derrocarlo, ya que el ejecutivo sólo responde ante Alberto II, el príncipe soberano.

Según Thierry Brezzo, de la lista Unión Nacional Monegasca, las principales cuestiones en juego en esta próxima legislatura son:

La firma de un posible acuerdo de asociación con la Unión Europea.

La preservación del modelo monegasco y de sus especificidades: “Si no se preserva la prioridad en la contratación, la vivienda, las condiciones de acceso a los contratos públicos o a determinadas profesiones reguladas, es todo el pacto social monegasco el que quedaría en entredicho”, advierte el abogado.