Nicaragua vota en un intento de Ortega por fortificarse en el poder otros cinco años

Este 7 de noviembre Nicaragua está llamada a las urnas en unas elecciones generales tildadas de “farsa electoral” por la oposición y gran parte de la comunidad internacional en las que el que fuera dirigente de la revolución sandinista Daniel Ortega se hará, previsiblemente, con un cuarto mandato consecutivo, acumulando el poder durante cinco años más.

La situación de los Derechos Humanos en el país centroamericano “ha venido deteriorándose desde hace años”, ha lamentado la directora adjunta de la división de las Américas de HRW, Tamara Taraciuk, quien en una entrevista con Europa Press ha detallado que “progresivamente, el régimen de Ortega y (Rosario) Murillo ha acaparado poder, cooptando gradualmente el poder judicial, el Consejo Supremo Electoral, y la Asamblea Nacional”.

Pero no solo la situación de los Derechos Humanos preocupa a la comunidad internacional, en la arena electoral “el régimen ha implementado estrategias represivas orientadas a desarticular a la oposición, disuadir mediante el miedo cualquier protesta en contra del Gobierno y allanar el camino para la reelección”, ha alertado Taraciuk.

En este contexto, se ha registrado una “oleada de detenciones arbitrarias”, que en algunos casos han supuesto la prisión de críticos con Ortega, entre ellos siete precandidatos presidenciales, así como periodistas, abogados defensores, líderes estudiantiles y campesinos.

La “cacería” de críticos tiene como aval la aprobación de una serie de leyes y reformas “abusivas que violan derechos fundamentales a la libertad de expresión, de asociación y de prensa, y que restringen la participación política de los candidatos de oposición”, unas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, controlada por partidarios del régimen.

Por todo esto, “en Nicaragua no existen hoy condiciones para elecciones libres, justas y competitiva”, ha concluido Taraciuk, ya que además de que “las principales figuras políticas opositoras se encuentran en prisión con cargos fabricados por el régimen”, el Consejo Supremo Electoral –“enteramente compuesto por miembros afines al Gobierno–“, ha suprimido la personalidad jurídica de los principales partidos opositores, impidiéndoles su participación en las elecciones.

“Sin oposición solo puede esperarse que el 7 de noviembre Ortega resulte ganador”, aunque “no será el resultado de una contienda justa en donde distintas fuerzas se disputan el poder, sino de una pantomima donde ni siquiera pretenden mantener una fachada democrática”, ha remachado.

En este sentido, Ortega, en el poder desde 2007, y su vicepresidenta, esposa y mano derecha, Rosario Murillo, buscarán superar el 72 por ciento de los votos que lograron recabar en las últimas elecciones, celebradas en 2016 y también envueltas entre polémicas y acusaciones. Su victoria en las elecciones es presumible: se necesita un mínimo de un 35 por ciento para ganar, en unos comicios que celebran una única vuelta.

También las urnas recibirán los votos de los nicaragüenses para renovar los 92 escaños de la Asamblea Nacional, que en la actualidad es afín al oficialismo y ha sido la encargada de aprobar en el Legislativo la mayor parte de leyes que han servido para menoscabar las libertades de los nicaragüenses, así como a los miembros del Parlamento Centroamericano. También en las casillas para estos dos órganos se espera que arrase el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Ortega.

Al FSLN se enfrentarán un total de seis partidos, todos acusados por parte de la oposición de “colaboracionistas”, de servir como plataforma para “legitimar” unas elecciones que no tienen las garantías básicas para serlo.

Los nicaragüenses viven “virtualmente en un estado policial cuyas libertades civiles está fuertemente coartadas”, donde, con frecuencia, los críticos son vigilados y asediados por la Policía o grupos partidarios al Gobierno. “Cualquier persona que expresa una crítica al Gobierno está expuesto a las arbitrariedades del régimen”, ha lamentado Taraciuk.

Además, Ortega se ha asegurado de que no haya ninguna sorpresa en los comicios, como ya le pasó en 1990 con una derrota inesperada ante una alianza de la oposición que con Violeta Chamorro a la cabeza le arrebató la Presidencia. La Asamblea Nacional aprobó a finales de 2020 una batería de leyes que ampliaron su capacidad para acusar a diferentes actores políticos de traición, mientras que a principios de 2021 Ortega fue un paso más allá y, junto a sus aliados, nombró a un nuevo Consejo Supremo Electoral (CSE) con magistrados alineados con el oficialismo.

Pero no solo a golpe de leyes se ha llevado a cabo esta campaña para asegurarse otros cinco años de poder. También los arrestos han imposibilitado finalmente a la oposición presentar un frente unido y concurrir a las elecciones. Figuras relevantes como Cristiana Chamorro o Juan Sebastián Chamorro, hijos de la expresidenta Violeta Chamarro, acabaron entre rejas por presuntos delitos de traición a la patria. También periodistas, activistas y figuras opositoras han sido objeto de estos arrestos en los meses previos a las elecciones.

Por último, es “necesario”, ha enfatizado Taraciuk, que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, invoque el artículo 99 de la Carta de la ONU para lograr que la crisis nicaragüense se incluya en la agenda del Consejo de Seguridad.