El Gobierno de Nicaragua ha autorizado la liberación de más de 220 presos políticos, todos ellos considerados “traidores a la patria” por el régimen de Daniel Ortega, y su inmediata salida este jueves a primera hora en un avión rumbo a Estados Unidos, dentro de una medida inédita que implica dejar a todas estas personas sin nacionalidad nicaragüense.
En virtud de una resolución dictada el miércoles, las autoridades nicaragüenses han acordado la “deportación inmediata” a Estados Unidos de 222 personas, cuyas identidades no han trascendido, según un dictamen del Tribunal de Apelaciones de Managua leído este jueves por un portavoz judicial.
Se les acusa de cometer actos contra la independencia y la soberanía de Nicaragua, de “incitar” a la violencia y el terrorismo, de perpetrar acciones de “desestabilización económica” o de perjudicar “los intereses supremos de la nación”, ha explicado el juez Octavio Rothschuh en una breve comparecencia transmitida por televisiones oficiales.
Sobre todos ellos pesa, además, una inhabilitación “perpetua” para ocupar algún tipo de cargo electo en Nicaragua, donde en estos últimos años se ha recrudecido la represión de la disidencia.
Apenas unos minutos después de esta comparecencia, la Asamblea Nacional, controlada por afines a Ortega, se ha reunido para aprobar una reforma de la Constitución que estipula que “los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense”, lo que ‘de facto’ deja a todos los antiguos presos expulsados este jueves sin la ciudadanía.
Los traslados forman parte de un acuerdo entre Estados Unidos y Nicaragua, en virtud del cual las autoridades estadounidenses ofrecieron refugio a un total de 224 presos, si bien dos de ellos se negaron, según fuentes consultadas por el periódico ‘The New York Times’. Fue también la Administración de Joe Biden la que fletó el vuelo chárter en que han sido trasladados los presos.
“Hoy ha terminado un largo día de tortura y crueldad contra los mejores hijos de Nicaragua”, ha afirmado Carlos Fernando Chamorro Barrios, hermano de Cristiana y de Pedro Joaquín Chamorro Barrios, dos de las personas que se han acogido a esta particular deportación. “Todos los presos de conciencia son inocentes”, ha defendido en declaraciones al rotativo estadounidense.
REPRESIÓN INDISCRIMINADA
La situación de los presos ha sido motivo recurrente de quejas de la comunidad internacional y de organismos como Naciones Unidas, que reclamó en diciembre por boca del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, la liberación “inmediata” de 225 personas que permanecían detenidas “arbitrariamente” por su disidencia frente al Gobierno de Daniel Ortega.
El Alto Comisionado lamentó también en su informe periódico de la situación las condiciones “precarias” en que estaban detenidos esos presos, así como el trato “humillante y degradante” al que se somete a sus familias.
La directora de la ONG Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, ha celebrado las liberaciones conocidas este jueves, aunque se trate de personas que “han sido enviadas al exilio”. “Fueron presas por defender los Derechos Humanos y levantar la voz contra un régimen despiadado”, ha subrayado en Twitter.
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