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La fecha del 30 de junio se acerca, y con ella la finalización del calendario previsto inicialmente para dar por concluidos los expedientes temporales de regulación de empleo que se empezaron a aplicar en marzo, pero hay un amplio consenso en que en algunas situaciones será necesario seguir con esta regulación algunos meses más.

El gobierno, respondiendo a las demandas de sindicatos y empresarios, ha enviado en las últimas dos semanas a los agentes sociales hasta tres borradores distintos para intentar consensuar la forma de prorrogar, y las condiciones en que esto ocurrirá. Aunque todas las partes tienen voluntad de avanzar, lo cierto es que el Consejo de Ministros de hoy no ha podido dar por zanjado el asunto porque ha habido discrepancias serias. Ayer mismo el ejecutivo remitió un nuevo texto a sindicatos y patronal, respondiendo a algunas de las demandas que han planteado.

Más allá del 30 de junio terminaríamos la situación actual, en que los ERTES han sido por ‘fuerza mayor’, y pasaríamos a ERTES ‘por causas objetivas‘, es decir, para aquellas empresas cuyos sectores no hayan recuperado gran parte de su actividad y, por tanto, se vean obligadas a mantener un descenso de contratación por más tiempo. La idea inicial, en la que también parece haber consenso, es que el plazo idóneo es el 30 de septiembre.

Aunque el gobierno podría aprobar mediante decreto esta prolongación, así como los cambios en las exenciones de cotización y otros ajustes, la ministra Yolanda Diaz ha manifestado que “hay tiempo sobrado” para llegar a un acuerdo (se espera que sindicatos y patronal respondan a la última propuesta del ministerio mañana mismo) y que es preferible que el contenido de la norma refleje el acuerdo social y no solo los criterios del gobierno.