Perú: impeachment contra Dina Boluarte

El 10 de octubre de 2025 se concretó un hito político que conmueve al Perú: el Congreso aprobó la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”, luego de que se superara el umbral de 87 votos exigido en el Legislativo.  Este desenlace pone en evidencia una profunda crisis política, institucional y social en el país, con un Ejecutivo debilitado y una legislatura que ya no tolera los costos de mantener su mandato.

Para comprender el significado de este proceso es necesario repasar los antecedentes constitucionales y políticos, así como las etapas que lo sostuvieron hasta su resultado final.

Antecedentes: crisis institucional y desgaste del gobierno

Inicio del mandato y legitimidad cuestionada

Dina Boluarte quedó como presidenta de Perú el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo por parte del Congreso luego de un intento fallido de disolución del Parlamento —un episodio que fue considerado un autogolpe de Estado por las instituciones nacionales.  Ese momento marcó el inicio de un gobierno con legitimidad política frágil, pues su origen fue resultado de una vacancia y no de una elección directa.

Desde entonces, su mandato estuvo signado por protestas sociales, especialmente en los departamentos del sur del país, mayormente rurales e indígenas, que exigían su renuncia, nuevas elecciones y en muchos casos lamentaron muertes en el contexto del uso de la fuerza estatal.  Además, Boluarte afrontó acusaciones de corrupción, como el llamado “Rolexgate” (por supuestas posesiones de relojes de lujo no declarados) y el “caso Los Waykis en la sombra”, vinculado a presuntas redes de tráfico de influencias con su hermano Nicanor Boluarte.  Adicionalmente, en agosto de 2025 el Tribunal Constitucional ordenó suspender las investigaciones fiscales contra la presidenta durante su mandato, basándose en una interpretación del artículo 117 de la Constitución peruana. 

Pese a esas controversias, hasta hace poco el Congreso había rechazado varias mociones de vacancia en contra de Boluarte. Por ejemplo, en mayo de 2024 se archivaron tres mociones que buscaban declararla en incapacidad moral permanente, ya que no consiguieron los votos o respaldos suficientes. 

Por tanto, el terreno para una vacancia estaba sembrado desde hace tiempo: altos niveles de rechazo popular (encuestas la ubicaban con apenas 2 % a 4 % de aprobación)  , crisis de seguridad con crecientes tasas de homicidios y extorsión, y una legislatura ávida de redefinir su relación con el Ejecutivo.

Marco legal: vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”

El mecanismo de vacancia presidencial en Perú está regulado por la Constitución de 1993, concretamente el artículo 113, inciso 2, que faculta al Congreso para declarar la vacancia por “incapacidad moral permanente” del presidente.  Esa causal es considerada amplia y ambigua, lo que le da un carácter político —más que estrictamente jurídico— a los procesos de destitución.

Para que una moción de vacancia avance, debe cumplir ciertos requisitos procedimentales:

1. Presentación de mociones: varios congresistas pueden presentar solicitudes de vacancia fundamentadas en hechos de autoridad moral, incapacidad del gobierno o graves crisis.

2. Admisión a debate: para que sean debatidas, las mociones deben obtener un apoyo mínimo en el pleno del Congreso. En este caso, se requería al menos 52 votos de los 130 legisladores. 

3. Debate y presentación del acusado: una vez admitida la moción, se abre un debate en el Congreso, en el que la presidenta puede ejercer su derecho a la defensa.

4. Votación final: para declarar la vacancia definitiva, se necesita una mayoría calificada: al menos 87 votos de los 130 miembros del Congreso. 

5. Efectos: si la moción prospera, la vacancia es automática y el presidente es removido. La sucesión constitucional entra en vigor.

Este mecanismo ha sido utilizado varias veces en la historia reciente del Perú, y su alto grado de discrecionalidad lo convierte en un arma política recurrente.

Sucesión y vacío de poder

Con la aprobación de la vacancia, se activa la sucesión constitucional. Según las normas, el presidente del Congreso podría asumir el cargo temporalmente hasta nuevas elecciones o mediante las reglas constitucionales vigentes.  Este momento genera un espacio de inestabilidad, en el cual la gobernabilidad del país queda en manos de instituciones de transición.

Crisis política duradera

La destitución de Boluarte no resuelve los problemas de fondo que la llevaron al colapso: inseguridad, crisis de legitimidad institucional, polarización social y un Parlamento con alta volatilidad. Aun en su ausencia, esas presiones persistirán y deberá encontrarse una salida política más profunda.

Judicialización e impunidad

Aunque Boluarte fue destituida, la cuestión de las investigaciones en su contra permanece abierta. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ya suspendió las pesquisas fiscales durante su mandato, lo que limita el alcance del Ministerio Público mientras ella sea presidenta en funciones.  Esto puede generar tensiones entre poderes del Estado y debates sobre impunidad o escudos legales para mandatarios.

Lecciones institucionales

El uso reiterado del mecanismo de vacancia por “incapacidad moral” reafirma su naturaleza política y su potencial de generar crisis de gobernabilidad. En consecuencia, muchos analistas advierten la necesidad de reformas constitucionales que delimiten mejor sus usos, impidan vacancias exprés y fortalezcan mecanismos alternativos de control y responsabilidad presidencial.