El expresidente y dictador peruano Alberto Fujimori, quien gobernó el país entre 1990 y 2000, fue liberado de prisión este miércoles en cumplimiento de una orden emitida por el Tribunal Constitucional (TC). Esta liberación se produjo a pesar de la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) instando a las autoridades peruanas a no llevar a cabo dicha acción.
Fujimori salió del penal de “Barbadillo” con gafas nasales que le proporcionaban oxígeno, un día después de que el TC ordenara su “inmediata libertad” al restituir los efectos del indulto que le había otorgado el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017.
En el momento de su liberación, Fujimori llevaba una mascarilla y se reunió con su hija, Keiko Fujimori, líder del partido fujimorista Fuerza Popular, y su hijo Kenji. Después de abrazar a su familia, saludó a partidarios, defensores y miembros de su partido antes de subirse a un vehículo gris junto a sus hijos y su nuera.
La noticia de la liberación de Fujimori atrajo a una multitud de seguidores que lo esperaban con entusiasmo. Se informó que el expresidente se dirigía hacia la residencia de su hija Keiko Fujimori, ubicada en el barrio residencial de San Borja.
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A pesar de las instrucciones de la CorteIDH
El Tribunal Constitucional ordenó la liberación inmediata de Fujimori tras una resolución firmada por tres de sus seis miembros, con el voto decisivo del presidente del tribunal, Francisco Morales. Esta medida se tomó después de que un tribunal en la región sureña de Ica declarara improcedente una primera resolución del TC que restablecía el indulto.
No obstante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió una resolución este miércoles en la que instaba al Estado peruano a no liberar al exgobernante, con el objetivo de garantizar justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos. La resolución, firmada por el presidente de la CorteIDH, Ricardo Pérez Manrique, solicita que Perú no libere a Alberto Fujimori hasta que la Corte Interamericana pueda evaluar si esta decisión cumple con las condiciones establecidas en una resolución anterior de la Corte, emitida el 7 de abril de 2022.
En abril de 2022, la CorteIDH ordenó a Perú abstenerse de aplicar una sentencia del TC que ratificaba el indulto de Fujimori, argumentando que esta sentencia era contraria a las decisiones previas del tribunal internacional en los casos de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, por las cuales el expresidente fue condenado a 25 años de prisión.
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