Perú: máximo histórico de rechazo a Dina Boluarte (96%)

En el panorama político peruano, pocos líderes han generado un consenso tan abrumador de rechazo como la presidenta Dina Boluarte. Según la última encuesta de Datum Internacional, correspondiente a agosto de 2025, el 96% de los peruanos desaprueba su gestión, mientras que solo el 3% la aprueba. Este nivel de desaprobación representa un máximo histórico no solo para Boluarte, sino para cualquier presidente en la historia democrática del Perú, superando incluso los peores momentos de figuras como Alberto Fujimori o Pedro Castillo. En un país marcado por la inestabilidad política crónica, estos números no son solo estadísticas: son un grito colectivo de frustración que pone en evidencia las profundas fisuras sociales, económicas y institucionales que aquejan a la nación andina.

El Ascenso Accidental y el Inicio de la Tormenta

Dina Boluarte asumió la presidencia el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo por su intento de autogolpe. Inicialmente vicepresidenta en un gobierno de izquierda, Boluarte representaba una figura transicional, pero rápidamente se alineó con sectores conservadores y el Congreso dominado por la derecha. Su mandato, que debería haber sido un puente hacia elecciones anticipadas, se ha prolongado en medio de controversias, convirtiéndola en un símbolo de la desconexión entre el poder estatal y la ciudadanía.

Los primeros meses de su gobierno estuvieron marcados por masivas protestas en regiones como Puno, Arequipa y Cusco, donde miles de peruanos exigían su renuncia y nuevas elecciones. Estas manifestaciones, que se extendieron desde finales de 2022 hasta inicios de 2023, resultaron en más de 60 muertes civiles a manos de las fuerzas de seguridad, según informes de organizaciones internacionales de derechos humanos. Este episodio de represión estatal no solo exacerbó el rechazo popular, sino que también atrajo críticas globales, posicionando a Boluarte como una líder aislada en el escenario internacional.

Factores Clave del Rechazo Masivo

El 96% de desaprobación no surge de la nada; es el cúmulo de una serie de escándalos y decisiones políticas que han erosionado cualquier vestigio de legitimidad. En primer lugar, el escándalo conocido como “Rolexgate” ha sido devastador. En 2024, revelaciones sobre la posesión de relojes de lujo y joyas no declaradas por Boluarte llevaron a allanamientos en su residencia y oficinas, intensificando las acusaciones de corrupción. Aunque la presidenta ha negado irregularidades, argumentando que se trata de préstamos o regalos, la percepción pública es de opulencia en medio de la pobreza generalizada, donde más del 30% de la población vive en condiciones precarias.

Otro golpe significativo vino en julio de 2025, cuando Boluarte aprobó un decreto que duplicaba su salario a aproximadamente 10,000 dólares mensuales, en un contexto de inflación persistente y desempleo juvenil por encima del 15%. Esta medida, calificada por muchos como “una broma” o un insulto a la ciudadanía, avivó el descontento en un país donde el salario mínimo apenas supera los 300 dólares. Ciudadanos como taxistas en Lima o agricultores en el sur expresaron su indignación en redes sociales y protestas callejeras, argumentando que el gobierno prioriza el bienestar de la élite sobre las necesidades del pueblo.

Además, la gestión económica ha sido criticada por su falta de reformas estructurales. Perú, dependiente de la minería y las exportaciones, ha sufrido downgrades en su calificación crediticia, como el realizado por S&P Global Ratings en abril de 2024, citando la incertidumbre política como factor principal. Boluarte ha intentado estabilizar la economía mediante alianzas con el sector privado, pero el estancamiento en indicadores sociales, como la educación y la salud, ha profundizado la brecha entre Lima y las regiones periféricas, donde el rechazo supera el 98% en algunas encuestas locales.

Políticamente, su alianza con un Congreso igualmente impopular (con desaprobación por encima del 90%) ha impedido avances en temas clave como la reforma electoral o la lucha contra la corrupción. En marzo de 2025, Boluarte anunció que las próximas elecciones generales se realizarían en abril de 2026, extendiendo su mandato y frustrando las demandas de adelanto electoral. Esta decisión, vista como una maniobra para aferrarse al poder, ha consolidado su imagen como una presidenta “atrincherada”, comparable a líderes autoritarios en la región.