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Podemos no apoyará unos presupuestos que prescindan de sus medidas sociales

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Unidas Podemos peleará por introducir en los Presupuestos Generales del Estado la regulación del precio de los alquileres, así como un aumento fiscal para rentas altas a través del IRPF, y advierte de que el no resolver estos desacuerdos podría retrasar el borrador de cuestas públicas.

Otras exigencias de la formación morada en la negociación es lograr que los Presupuestos «devuelvan la capacidad adquisitiva» al IPREM, baremo que se utiliza para la concesión de múltiples ayudas, y mejoras en el Ingreso Mínimo Vital, tal y como plantea la Vicepresidencia de Derechos Sociales que lidera Pablo Iglesias.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, han estado centrados en las últimas semanas en perfilar la negociación de los PGE en el seno del Ejecutivo, un consenso que en caso de alcanzarse deberá tener el visto bueno definitivo por parte del presidente, Pedro Sánchez, y de Iglesias.

La propia Montero pronosticó recientemente que el borrador de los Presupuestos podría presentarse «muy pronto» con vistas a llevar al Consejo de Ministros el proyecto de ley «antes de que acabe el mes de octubre». Ello implicaría que el proyecto de cuentas públicas debería abordarse en la reunión del día 27, un calendario que podría verse alternado en caso de persistir las discrepancias.

REGULACIÓN DE LOS PRECIOS DE ALQUILER

Un aspecto al que no se renuncia Unidas Podemos en esta negociación es aplicar ya la regulación sobre el precio del alquiler, algo que evidenció el propio Iglesias el pasado viernes cuando manifestó su voluntad de «cumplir ya» ese compromiso, ante la emergencia generada por la crisis del coronavirus.

Sin embargo, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, enfriaba esas perspectivas al defender ayer que esa regulación –que pactaron con Unidas Podemos para formar el Gobierno de coalición– debe incluirse en la ley de vivienda en la que ya están trabajando, y no en los Presupuestos. Además, pedía esperar hasta que se normalizado el mercado de la vivienda, que se está viendo alterado por la pandemia.

Y es que las citadas fuentes admiten que un «elemento de choque» es dicha regulación que daría competencias a comunidades y ayuntamientos para regular el precio del arrendamiento en zonas de mercado «saturadas».

Pero la fiscalidad es otro elemento que ha motivado «discrepancia», como revela que la semana pasada se enviara a Bruselas el plan presupuestario con la parte fiscal «en blanco», dado que Unidas Podemos «insiste» en una subida de impuestos directos a las rentas altas.

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