El Primer Ministro portugués, el socialista Antonio Costa, ha presentado hace escasos minutos su dimisión tras la apertura de una investigación por presunto trato de favor en unas explotaciones de minerales al norte del país.
Esta mañana saltaba la noticia del registro de varios ministerios y del domicilio personal del PM, así como la detención de varios asesores cercanos. Desde la oposición habían pedido su dimisión o la convocatoria de nuevas elecciones generales.
Costa, que obtuvo mayoría en las elecciones generales de 2022, era hasta ahora un político bien valorado, si bien los últimos sondeos apuntaban a una pérdida de apoyos de la izquierda y un posible gobierno alternativo conservador.
En una comparecencia pública, ha declarado:
“No llevo en la conciencia el peso de cualquier acto ilícito o censurable, confío en la Justicia”.
“Creo que las funciones de PM no son compatibles con cualquier duda o sospecha de actos ilegales”
Investigación por presunta corrupción
La policía, a petición del Ministerio Público de Portugal, realizó este martes registros en diferentes ministerios, en la residencia oficial del primer ministro, António Costa, y en los domicilios del ministro de Infraestructuras, João Galamba, y del exministro de Medio Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.
Los registros se realizaron en el marco de una investigación sobre un presunto caso de corrupción relacionado con el negocio de exploración de hidrógeno y litio en Montalegre.
Según el diario Público, entre los detenidos se encuentran el jefe de gabinete de António Costa, Vítor Escária, el “mejor amigo” del primer ministro, Diogo Lacerda Machado, y el alcalde de Sines, Nuno Mascarenhas. También fueron detenidos dos directivos de una empresa implicada en el caso.
La investigación está a cargo del Departamento Central de Investigación y Acción Penal (DCIAP) y está siendo dirigida por dos fiscales.
El Presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, recibió este martes por la mañana al primer ministro, António Costa, para discutir el caso.
El Ministerio de Medio Ambiente y Acción por el Clima confirmó que la PSP realizó registros en sus instalaciones, pero dijo que aún desconoce el motivo de los allanamientos.
El Ayuntamiento de Sines también fue objeto de investigaciones policiales.
La oficina de comunicación del primer ministro confirmó la existencia de registros en el despacho de Vítor Escária, pero no hizo comentarios sobre la acción judicial.
El caso ha causado un gran revuelo político en Portugal. El Partido Socialista, del que forma parte el primer ministro, ha negado cualquier irregularidad.
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