PP y Sumar registran proposiciones para eximir de tributación el SMI

El Partido Popular (PP) ha registrado dos proposiciones de ley en el Congreso y el Senado para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que exima de tributación la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El PP argumenta que esta medida evita que “el Gobierno haga caja a costa de los trabajadores”. En un comunicado, el partido ha calificado la decisión del Ejecutivo como “una jugada redonda”, asegurando que se benefician de la subida salarial a expensas de empleados y empresarios.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado duramente la decisión del Ministerio de Hacienda de aplicar el IRPF al SMI, exigiendo que rectifiquen tal como hicieron el año pasado. “Este Gobierno quiere hacer caja a costa de los que cobran el salario mínimo, quedándose con la mitad de la subida”, declaró Feijóo durante la reunión plenaria del Grupo Popular. Según sus cálculos, de la subida anual de 700 euros, el Estado recaudaría 346,19 euros, lo que representa el 49,45% del incremento.

El PP sostiene que la decisión del Gobierno es “injusta” y representa un “gran negocio” para el Ejecutivo, ya que las arcas del Estado se quedarían con prácticamente el 50% del incremento. El partido detalla que, con la subida, el SMI pasa de 15.876 euros a 16.576 euros anuales, pero el trabajador solo percibiría 353,81 euros netos. Además, señalan que el Gobierno recaudaría 213,99 euros del empresario y 346,19 euros del trabajador, sumando un total de 560,18 euros.

Sumar registra su proposición de ley

Sumar, el socio minoritario del Gobierno, también ha reaccionado con firmeza ante esta medida. Este martes, Sumar registró su propia proposición de ley para garantizar que las personas que perciben el SMI estén exentas de tributar en el IRPF. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, calificó la medida de “ataque a las clases trabajadoras” y subrayó la necesidad de un sistema impositivo más progresivo que no genere presión adicional sobre quienes menos ingresos tienen.

En su propuesta legislativa, Sumar argumenta que el reciente incremento del SMI ha creado una “situación inédita” en la que, por primera vez, este salario queda sujeto a tributación. Esto, aseguran, reducirá la renta disponible de cientos de miles de trabajadores con ingresos mínimos, neutralizando parcialmente los beneficios de la subida y generando desigualdad dentro del sistema fiscal. Sumar también destaca que esta decisión del Ministerio de Hacienda constituye una “anomalía” en comparación con otros países de la UE como Francia o Bélgica, donde el salario mínimo está exento de tributación.

Podemos anuncia que presentará también otra

Por su parte, Podemos ha calificado la medida de “escándalo” y ha avanzado una proposición de ley en la Cámara Baja para revertirla. Con estas iniciativas, ya son tres las proposiciones registradas en el Congreso que buscan anular la postura de Hacienda: las impulsadas por el PP, Sumar y Podemos.

El PP ha especificado que sus proposiciones de ley en el Congreso y el Senado incluyen un artículo único, una disposición adicional primera y dos disposiciones finales. Aunque no han proporcionado una estimación del coste económico de esta medida, han asegurado que “será el Gobierno el que tenga que establecerlo”.

Dentro del seno de Sumar y sus partidos aliados, existe la convicción de que el Ministerio de Hacienda no tendrá otra opción que rectificar, debido a la presión de una mayoría parlamentaria dispuesta a anular los planes del departamento que dirige María Jesús Montero. Esta situación ha evidenciado una fractura dentro de la coalición de Gobierno, con sus socios minoritarios oponiéndose firmemente a una decisión que consideran perjudicial para los trabajadores con menores ingresos.

En definitiva, el debate sobre la tributación del SMI ha escalado rápidamente en el ámbito político, convirtiéndose en un tema de confrontación tanto entre el Gobierno y la oposición como dentro del propio Ejecutivo. Las próximas semanas serán clave para determinar si el Ministerio de Hacienda cede ante la presión parlamentaria o mantiene su postura inicial, con implicaciones significativas para millones de trabajadores en España.