Alfonso Fernández Mañueco ha defendido este martes en las Cortes de Castilla y León el programa con el que aspira a revalidar la Presidencia de la Junta, apoyado en el acuerdo alcanzado entre el PP y Vox. El candidato popular ha incorporado en su discurso uno de los puntos centrales exigidos por la formación de Santiago Abascal: el principio de “prioridad nacional” en el acceso a determinados recursos públicos, planteado en función del arraigo de los beneficiarios.
Durante su intervención, Mañueco ha sostenido que el futuro Ejecutivo actuará “acatando escrupulosamente las leyes” y ha pedido evitar “demagogias interesadas” sobre una medida que, según ha defendido, pretende ordenar la asignación de ayudas con criterios verificables. El dirigente del PP ha asumido así una de las principales tesis de Vox dentro del pacto de investidura, que permitirá reeditar la coalición en Castilla y León.
El presidente en funciones ha vinculado este planteamiento con el debate migratorio y con la evolución demográfica de la comunidad. Mañueco ha señalado que Castilla y León ha ganado población en los últimos años gracias, en buena medida, a la llegada de población inmigrante, que ha compensado el saldo vegetativo negativo. Al mismo tiempo, ha criticado la política migratoria del Gobierno central, a la que ha atribuido improvisación y falta de planificación.
La investidura saldrá adelante con los votos de los procuradores del PP y de Vox. La suma de ambas formaciones asegura la mayoría parlamentaria necesaria frente al rechazo del PSOE, las formaciones leonesistas, Soria ¡YA! y Por Ávila. El acuerdo contempla la entrada de Vox en el Ejecutivo autonómico, con Carlos Pollán como vicepresidente y con varias áreas de gestión para el partido.
En su discurso, Mañueco también ha cargado contra el Gobierno de España, al que ha responsabilizado de contribuir a una imagen deteriorada de la política. El candidato ha acusado al Ejecutivo central de generar confrontación y de levantar muros, mientras ha defendido que Castilla y León necesita estabilidad, presupuestos y una acción de gobierno centrada en los servicios públicos, la fiscalidad, el medio rural y la atención a los problemas demográficos.
El pacto entre PP y Vox incluye medidas sobre inmigración, ayudas públicas, servicios sociales, mundo rural y política fiscal. Mañueco ha presentado estas líneas como parte de una hoja de ruta para la legislatura, con el objetivo de mantener la estabilidad institucional y aprobar las cuentas autonómicas pendientes. La coalición recupera así una fórmula ya ensayada en la comunidad, después de que Vox saliera del Gobierno autonómico en 2024.
El candidato popular ha dedicado parte de su intervención a reivindicar la gestión autonómica en ámbitos como la dependencia, la sanidad, la educación, la vivienda y la lucha contra la despoblación. También ha defendido una política de bajada de impuestos y medidas de apoyo a jóvenes, familias y habitantes del medio rural. La prioridad nacional se convierte, sin embargo, en uno de los elementos políticos más relevantes del nuevo acuerdo, por su impacto en el debate sobre el acceso a recursos públicos.
Tras la intervención de Mañueco, distintos representantes sociales valoraron el contenido del discurso. Desde el ámbito empresarial se subrayó la importancia de la estabilidad y de la aprobación de presupuestos, mientras que desde UGT se criticó la ausencia de referencias al diálogo social y a la violencia de género. La sesión de investidura marca el inicio de una nueva etapa política en Castilla y León, con el PP de nuevo al frente de la Junta y Vox como socio decisivo de gobierno.

























































































































































































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