PSOE y PP sellan el acuerdo para la renovación del Poder Judicial

El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendrá entre sus tareas más urgentes la de cubrir las 25 vacantes de magistrados que acumula el Tribunal Supremo (TS) –lo que se traduce en el 30% de su plantilla— y las 38 de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) ante la imposibilidad que arrastra desde 2021 el órgano de gobierno de los jueces de hacer nombramientos con el mandato caducado.

La ley encomienda al CGPJ diversas funciones, desde la gestión de la administración de justicia a la salvaguardia de la independencia judicial, pasando por el gobierno de los recursos humanos, un cometido donde destaca su poder para realizar nombramientos, algunos reglados y otros discrecionales, con el objetivo de ir llenando los huecos dejados en los distintos juzgados y tribunales por jueces y magistrados.

El CGPJ saliente, a pesar de llevar en funciones desde el 4 de diciembre de 2018 y que desde entonces ha perdido cinco vocales –dos por jubilación, dos por dimisión y una por defunción–, ha podido seguir trabajando, excepto en lo que respecta a efectuar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial porque la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) impulsada por el Gobierno y aprobada en marzo de 2021 prohíbe que un Consejo caducado haga estas designaciones.

La modificación legal –ideada por Moncloa como medida de presión sobre el PP para que pactara la renovación del CGPJ– ha provocado que las vacantes surgidas en los altos tribunales durante estos tres años se hayan quedado sin cubrir.

Sus efectos, en palabras del dimitido Carlos Lesmes, han sido “devastadores”. A día de hoy, hay 94 plazas desiertas, la mayoría en los tribunales superiores de justicia, que cuentan hasta 38 vacantes, a lo que se suman otras 30 en audiencias provinciales y 1 en la Audiencia Nacional.

Especialmente preocupante es la situación del TS, donde ya hay 25 vacantes, lo que supone casi un 30% de sus efectivos. Las salas más perjudicadas son las de lo Militar, lo Social y la de lo Contencioso-Administrativo, siendo estas dos últimas las salas que aglutinan la mayoría de las reclamaciones vinculadas a las restricciones por la pandemia de coronavirus.

UN “ESTROPICIO” INÉDITO

“El estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia española en toda la historia de nuestra democracia, con unos efectos negativos que se van extendiendo poco a poco a toda la organización judicial”, denunció Lesmes durante su último discurso de apertura del curso judicial, el de 2022, un mes antes de que dimitiera.

Tras la salida de Lesmes, el vocal Rafael Mozo asumió la presidencia interina del CGPJ, no así la del Supremo, que quedó en manos del magistrado Francisco Marín, lo que produjo una bicefalia inédita.

Hasta su jubilación en julio de 2023, Mozo también abogó por renovar el CGPJ. De hecho, en su último día instó a las fuerzas políticas a renovar el órgano. Su cargo de presidente interino recayó en Vicente Guilarte, quien intentó promover la renovación e incluso presentó propuestas ante el Congreso y el Senado para evitar futuros bloqueos.

MESES PARA COMPLETAR LOS NOMBRAMIENTOS

Una vez constituido el nuevo CGPJ, el proceso para completar los nombramientos pendientes en el TS podría dilatarse varios meses, y, ya realizados, habría que sumar otros tantos hasta que los asuntos acumulados en sus distintas salas –algunas de las cuales han visto su trabajo más que duplicado a causa de la pandemia– sean resueltos recuperando el ritmo habitual de trabajo.

A ello, las fuentes del alto tribunal consultadas por Europa Press anudan que la entrada simultánea de 25 magistrados podría provocar cambios bruscos de jurisprudencia en las salas afectadas. En este sentido, explican que lo normal es que los recién llegados tengan tiempo para asimilar la doctrina asentada antes de que los nuevos ingresos puedan provocar un vuelco que ahora sí sería factible.

El CGPJ venidero también contará entre sus deberes redactar los informes preceptivos de los anteproyectos de las leyes de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que plantea arrebatar la investigación penal a los jueces para dársela a los fiscales.