El Gobierno de España propondrá este lunes en el Consejo de Energía de la Unión Europa que se acabe desde 2026 con el cambio de hora estacional, esgrimiendo que apenas ayuda a ahorrar energía y que incluso tiene “un impacto negativo” en la salud y en la vida de los ciudadanos.
Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un video publicado en la red social ‘X’, recogido Europa Press, en el que ha recordado que esta semana se pasará del horario de verano al de invierno, y en el que ha asegurado que, “francamente”, no le ve el sentido a retrasar y adelantar las agujas del reloj dos veces al año.
“En todas las encuestas a las que se les pregunta, a los españoles y a los europeos, de manera mayoritaria están en contra de cambiar el horario. Además, la ciencia nos dice que ya no supone un ahorro energético, y lo que sí nos dice la ciencia es que trastocan los ritmos biológicos dos veces al año“, ha explicado.
Por ese motivo, Sánchez ha adelantado que este lunes el Gobierno de España planteará esta cuestión en el Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía (TTE) de la UE, instando a que se haga valer una votación del Parlamento Europeo de hace seis años en la que se optó por acabar con el cambio horario en 2026.
“¿Qué es la política útil? Bueno, pues la que escucha a los ciudadanos, también a la ciencia, y los lleva a su legislación“, ha zanjado el presidente en su mensaje.
El Gobierno se apoyará en tres argumentos para defender esta postura: el respaldo mayoritario de la ciudadanía española y europea; la ausencia de evidencia científica que demuestre que esta práctica genera un ahorro energético sustancial; y las consecuencias negativas que tiene en la salud y el bienestar de millones de personas.
Fuentes de Moncloa han recordado que este cambio “muy justificado” ya lo apoyaron hace años el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, aunque ahora falta que los Veintisiete “den el paso”, aprovechando que el calendario actual de cambios acaba en 2026 y que esa puede ser “la ventana de oportunidad” para volver a plantear el fin de esta práctica.
“España lidera este debate para adaptar a Europa a los tiempos actuales”, esgrimen esas mismas fuentes, que sostienen que “es una cuestión de sentido común, bienestar y coherencia con la evidencia científica”, además de que sería un mensaje “político y europeo”.
Eliminar el cambio de hora serviría, según el Gobierno, para que los ciudadanos sientan que Europa les escucha. “Queremos una Unión Europea más moderna, que piense en la vida cotidiana de las personas. Es hora de sincronizar Europa con la gente, no con el reloj”, concluyen.
En 1980, la Comunidad Económica Europea empezó a coordinar los horarios de verano e invierno de los países miembros con dos argumentos: aprovechar más las horas de luz para reducir el consumo energético, y armonizar el funcionamiento del mercado común.
Según el Gobierno, casi medio siglo después, la evolución de la economía, la tecnología y los hábitos sociales “han dejado obsoleta esta medida, que sigue teniendo importantes impactos en el bienestar de la población”.
Actualmente la Unión Europea fija cada cinco años un calendario con las fechas concretas del cambio de hora en todos los Estados miembros, siendo el último aprobado en el BOE el 11 de marzo de 2022, comprendiendo las fechas exactas del inicio y fin del horario de verano hasta 2026.
Ya en 2018 la Comisión Europea propuso eliminar el cambio de hora estacional en toda la Unión Europea, permitiendo que cada país decidiera en una consulta pública si mantener su horario actual o fijar uno definitivo sin ajustes bianuales.
Un poco más tarde, en marzo de 2019, el Parlamento Europeo respaldó el fin del cambio de hora en primavera y en otoño para 2021, después de que una consulta pública de la Comisión Europea desvelara que el 84% de los ciudadanos europeos –y el 66% de los españoles– estaban a favor de acabar con esta práctica.
Sin embargo, la propuesta legislativa para poner fin al cambio de hora de manera coordinada no fue recibida con la misma ambición por el Consejo de la UE. Seis años después, los Estados miembros no han fijado una posición conjunta.
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